El año pasado cumplí 16 años trabajando. En ese periodo, el PIB per cápita chileno creció, en promedio, un 1,6% anual, prácticamente a la misma velocidad del resto del mundo. Un ritmo decepcionante considerando que cuando mi padre se empleó por primera vez, en 1979, le siguieron dieciséis años donde el producto por persona creció 3,3% anual, tres veces más que el resto del planeta. En ambos periodos se combinaron recesiones profundas (la del 1982 la sufrió mi padre; a mi generación le tocó la crisis subprime y la pandemia) y años de crecimiento acelerado. Sin embargo, esa diferencia en la velocidad de crecimiento que experimentaron quienes nacieron a mediados de los ‘50 hicieron una diferencia significativa: el tamaño de la economía se duplicó versus un alza mucho más modesta en los dos periodos comparados.
Estos números dan cuenta de que no es evidente que las actuales y futuras generaciones tengan un mejor pasar del que tuvieron sus padres. Hoy el progreso económico y social que durante los “30 años” transformó el país no está asegurado. Ello generará impredecibles efectos sociales y políticos. Sin embargo, el estancamiento ya está afectando la calidad de vida de las personas: una de cada cinco mujeres de entre 20 y 24 años busca, pero no encuentra trabajo; la vivienda propia se convirtió en un privilegio de muy pocos; el Estado no es capaz de controlar la delincuencia.
Sacar a Chile de esta peligrosa inercia es el principal desafío del país y marcará las elecciones de 2025. Es, asimismo, la mayor desventaja de una eventual candidatura de Michelle Bachelet: su gobierno no lo logró y, por el contrario, fue el origen de una serie de reformas que son responsables del actual escenario.
Entonces, ¿cuál es la salida? Primero, generar un sistema político que promueva la gobernabilidad. Sobre eso crear un nuevo consenso que ponga en el centro la necesidad del crecimiento económico (en contraposición de la empobrecedora idea del decrecimiento que promueve cierta izquierda), retomar la disciplina fiscal y las reformas microeconómicas que apoyen la creación de empresas y empleos.
Para esto último se requiere una profunda reforma al Estado, especialmente en cómo se relaciona con sus funcionarios, para que sea un facilitador de la acción privada y, para que en las áreas donde actúa directamente, desde la seguridad hasta la administración de hospitales y escuelas, realice una labor acorde a los enormes recursos -se multiplicaron por 2,4 veces en los últimos 16 años- que los chilenos le entregamos a través de nuestros impuestos.
Obviamente describir estas medidas es mucho más fácil que ejecutarlas, pero si no tomamos esa ruta, no volveremos al esperanzador camino en que nuestros hijos tengan más oportunidades para desarrollar sus talentos de las que tuvimos nosotros.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-