Las revelaciones del caso audios comprometen seriamente el prestigio de una institución fundamental de la República: el Poder Judicial. La historia enseña que su rol es crucial en la tarea de cuidar el derecho. En este caso, tardíamente dirán algunos, la Corte Suprema ha demostrado la voluntad de sancionar conductas de ministros de cortes que cuestionan la independencia y probidad, abriendo un cuaderno de remoción a la ministra Vivanco e investigaciones a otros ministros.
Pero este esfuerzo requiere colaboración de otros poderes del Estado. Empezamos mal con intervenciones del Presidente Boric en el caso, como lo señalé hace 15 días en esta tribuna. Ahora parece ser el turno del Legislativo y de la clase política de ratificarnos que el fango es la arena en que discutirán esta cuestión. La acusación contra la ministra Vivanco corre peligro porque los diputados oficialistas que la presentaron cometieron el error de equivocar la causal que le da origen. Ocuparon su tiempo, en cambio, en denostar en su escrito a quien no es imputado dedicándole la siguiente frase: “el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés Chadwick, que si bien no puede ser objeto de esta acusación constitucional por carecer hoy día de la investidura que lo permita, a lo menos merece un severo reproche moral por parte de la sociedad y del conjunto del sistema político”.
No hay antecedente alguno en el escrito que respalde tan grave acusación, por lo que el aludido decidió ejercer acciones legales contra los 10 diputados patrocinantes.
Enseguida, la discusión se ha desviado a la acusación que se hace a Marcela Cubillos por tener un sueldo muy alto en la Universidad San Sebastián. Nadie ha intentado explicar cuál es el nexo entre Cubillos y el caso audios. Parlamentarios de izquierda, que reciben cada uno platas públicas de montos superiores a los emolumentos de Cubillos, comprometen más recursos aun, solicitando investigaciones a la Superintendencia de Educación Superior y al Ministerio Público acerca del sueldo de Cubillos. ¿Por qué una universidad privada, que ni siquiera recibe fondos por gratuidad, debiera ser objeto de intervención del Estado en la fijación de sueldos de sus profesores? Que sus alumnos reciban fondos de ayuda no es argumento, pues ellos son los destinatarios de éstas.
La izquierda decide sacar rédito político a esta crisis, abandonando a su suerte al poder judicial. ¿Pero qué hacen los presidentes de partidos de Chile Vamos bailando la música que pone la izquierda al referirse en un punto de prensa al sueldo de Marcela Cubillos en una universidad privada, horas después que 150 disparos en el CESFAM de Puente Alto terminan en la muerte de un joven y tres heridos y una población aterrada?
Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en La Tercera.-