¿Sabía usted que de cada 100 programas evaluados en Chile entre 2011 y 2023 solo 5 tienen una buena calificación y 61 son “insuficientes”? ¿O que hay 30 iniciativas estatales distintas para la mejorar la inserción laboral? Esos son algunos ejemplos de lo mal que se gasta la plata que aportamos a través de nuestros impuestos. No sorprende entonces que desde Bachelet I en adelante se haya propuesto crear una agencia especial que evalúe la efectividad de las políticas públicas.
Es destacable que un gobierno que creó programas tan deficientes como la empresa minorista de gas licuado, haya enviado un proyecto de ley que podría habernos evitado ese innecesario y millonario gasto. Es un esfuerzo que debe reconocerse.
Sin embargo, para que dicha agencia logre sus objetivos, el proyecto requiere de cambios acotados, pero profundos. En resumen, más independencia y más “dientes”.
Más independencia para que sea, realmente, una evaluación externa al gobierno que incomode a los ministros y jefes de servicio, exigiéndoles diseñar programas que realmente tengan el potencial de mejorar la vida de las personas. Esto se logra con un gobierno corporativo más robusto que el propuesto. La participación del Senado en el nombramiento del directorio de la agencia (denominado consejo) le daría respaldo político. Una dirección ejecutiva, en tanto, entregaría expertise técnico y una mirada de largo plazo.
Por otro lado, la agencia debe tener fuerza suficiente para lograr que el Estado mejore (o simplemente deje de hacer) aquello que hace mal. En ese sentido, la agencia debe ser un aliado que ayude a La Moneda a tomar decisiones políticamente difíciles. De lo contrario, pasará lo mismo que con la actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, institución que hace un trabajo riguroso, pero que es poco tomada en cuenta: 1 de cada 3 propuestas que han realizado ha sido acogida. Para ello es esencial que su trabajo abarque áreas que el proyecto no considera (por ejemplo, la inversión pública) y que sus recomendaciones deban ser implementadas o, en caso de que el gobierno las considere inadecuadas o que no estén dentro de sus prioridades, deba justificar aquello públicamente y ante el Congreso. Este último, además, debe conocer antes de la votación de los proyectos de ley la evidencia recogida por la agencia (y no por los ministerios que justificarán la bondad de sus propuestas). Lo mismo para la discusión anual de presupuesto.
Una Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad significará la creación de otra institución del Estado y mayor gasto público, pero, bien diseñada y con fuerza suficiente, evitará que ella misma engrose la lista de programas estatales fracasados y será útil para evitar vergüenzas como la del “gas a precio justo”. Sin duda, un precio que vale la pena pagar.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-