Tras el proceso de reajuste anual de precios de las isapres, el senador PS Juan Luis Castro llamó a judicializar las alzas que se realizaron bajo el procedimiento que establece la Ley N° 21.350 que él y el resto de los senadores aprobaron de manera unánime. Dicho mecanismo de reajuste permitió, entre otras cosas, que los recursos de protección ante las cortes de Apelaciones cayeran un 81%, desde los 374 mil del año 2019 a menos de 72 mil el año pasado.

La judicialización de cada uno de los componentes de las tarifas de las isapres es la causa principal de la crisis que vive el sector de seguros privados y que mantiene en vilo a sus afiliados y a las clínicas y laboratorios que atienden a un alto porcentaje de usuarios de Fonasa.

Uno esperaría que los legisladores se dediquen a mejorar la regulación del sistema para evitar que sean los tribunales los que dicten políticas públicas en lugar de alentar la judicialización. Un poco de responsabilidad.

Carta de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en El Mercurio.-