Llega marzo y con ello la urgencia de resolver, de una buena vez, la crisis del sistema de salud privado. Para ello la Cámara de Diputados deberá tramitar el proyecto de ley corta de Isapres ya aprobado por el Senado.
Más allá de los cuestionables fallos de la Corte Suprema y la responsabilidad de las propias Isapres, lo que corresponde es devolver la tranquilidad a las más de 2 millones de personas cuya cobertura de salud está en riesgo y a los cientos de miles de trabajadores de un sector que, justificadamente, teme que la caída de las aseguradoras termine arrastrando a clínicas, y laboratorios.
En este escenario, los diputados deberán decidir si insisten en intentar “maximizar” las devoluciones a los afiliados u optar por que se calculen de manera concordante a cómo funciona un sistema de seguro. Esta segunda vía fue la promovida, de manera unánime, por un grupo de transversal de especialistas convocados por el Senado, que incluyó a representantes desde el FA hasta la UDI y a expertos de la U. de Chile y Espacio Público.
Lamentablemente, la actitud de varios parlamentarios hace que la discusión sobre la ley corta se parezca peligrosamente a la de los retiros de fondos previsionales. Por más que se advirtieron los nocivos efectos en la inflación, en la valoración de activos y en el mercado de capitales, no fue uno sino tres los retiros que se aprobaron por el Congreso. Las consecuencias en la economía las seguimos viviendo vía elevadas tasas de interés. Ahora, pese a que se ha advertido sobre el crecimiento de las listas de espera, el costo fiscal que significará atender a más pacientes en Fonasa o la mayor mortalidad por cáncer, entre otros efectos secundarios que tendría un cálculo errado del monto a devolver por parte de las Isapres, todavía algunos insisten en generar las devoluciones lo más abultadas posibles sin atender a sus consecuencias.
El cumplir el fallo de la Corte Suprema está fuera de toda discusión. Sin embargo, si el mismo fallo da espacios para que se realicen las devoluciones sin que haya una quiebra sistémica, ese debiera ser el camino a seguir. Y el margen que dio la Corte es amplio. “No es posible, por esta vía, determinar la existencia de eventuales cantidades a devolver y su monto, razón por la cual será el órgano fiscalizador quien, en su caso, determinará la forma de proceder a su cómputo y diseñará las directrices, forma y condiciones de devolución, en caso de corresponder”, dicen los fallos.
El sistema de salud chileno tiene mucho de que enorgullecerse. No por nada tiene una expectativa de vida al nacer superior al promedio de países de la OCDE. Si queremos seguir avanzando, debiéramos evitar que el sistema que asegura a parte importante de la población y que sostiene cientos de prestadores, donde se atiende a la mitad de los usuarios Fonasa, colapse. La Cámara de Diputados tiene la palabra.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-