La década de estancamiento en que estamos los chilenos ha evidenciado lo indispensable -mas no suficiente- que es el crecimiento sostenido para mejorar la calidad de vida. Esto no invalida que haya cuidados paliativos a implementar, como ayudas sociales, pero en general estos paliativos "solo mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, pero se ofrecen con o sin intención de curar la enfermedad".

Crecer sostenidamente requiere de inversión y frente a la pregunta de si debe ser pública o privada la respuesta es... ¡ambas! Vamos por parte. La privada, si es gasto en maquinaria, equipo o construcción, amplí­a la capacidad de la economí­a de crear riqueza, que luego se distribuirá en la forma que la sociedad acuerde. La pública - si es gasto en carreteras, aeropuertos o puertos- aumenta la productividad del sector privado o - si es gasto en salud y educación- mejora la productividad laboral, generando más y mejores puestos de trabajo. Por tanto, ambas inversiones son complementarias, no sustitutas.

No deja de sorprender un fenómeno que se repite año a año a vista y paciencia de todos: en la tramitación de la Ley de Presupuestos el gobierno de turno promete una inversión pública elevada para el año siguiente, mientras la otra parte (el Congreso) le cree a pie juntilla, aprobándola. Todo bien hasta 2010, porque desde 2011 en adelante, la inversión pública efectivamente ejecutada ha sido invariablemente menor a la comprometida (solo exceptuando el 2014) por un promedio de 8% anual.

Lamentablemente el 2023 no será la excepción: con datos hasta noviembre, a solo un mes para el fin del año, el avance de la inversión pública solo alcanzó al 65% del presupuesto, similar al de igual mes del 2022 (64,5%), año en el que se observó el menor avance desde que existe información mensual (2005), donde la autoridad justificó dicho retraso por aumentos excesivos de costos.

Del gasto a noviembre destaca el reducido avance de la inversión en Salud (46%), OOPP (56%) y Educación (57%). Los otros ministerios tampoco lo hacen muy bien: Interior (73%), Vivienda (84%) y resto (66%). Todas postergaciones de inversiones focalizadas precisamente en los más vulnerables. ¿Sabí­a usted que entre 2011 y 2022 el gasto en Educación se subejecutó en -19% promedio anual, Salud en -14%, Interior en -7% y resto en -23%? Entonces, ¿cuáles son las verdaderas prioridades?

¿Qué explica la persistente subejecución del gasto en inversión pública? La evidencia internacional indica que esta situación se da en paí­ses subdesarrollados por razones polí­ticas, al no poder (o no querer) reducir otros gastos menos productivos (polí­ticamente hablando), como subsidios y otras prebendas, para contar con los recursos necesarios para financiar la inversión.
Es fundamental exigir a las distintas autoridades fijar prioridades genuinas y ser más rigurosos al fiscalizar la ejecución de los gastos comprometidos; de lo contrario, seguiremos viviendo solo con paliativos.

Columna de Macarena Garcí­a, Economista Senior, publicada en La Tercera.-