Pasada la borrachera constitucional, es tiempo de resolver, con leyes y gestión, las principales prioridades de la ciudadanía. La gestión no es el fuerte del Gobierno y un par de ejemplos lo demuestran. La Estrategia Nacional del Litio no ha dado ningún paso significativo. De hecho, aún no se sabe qué salares podrán ser explotados. En tanto, el MOP, destinado a mover la economía a través de la inversión pública, ha ejecutado a octubre poco más del 50% de su presupuesto aprobado en 2023. Lo positivo es que la gestión es un ámbito donde, con las personas adecuadas (¿habrá cambio de gabinete?) y trabajo duro, siempre hay espacios para mejorar.

Más compleja se ve la aprobación de leyes relevantes. Mejorar las pensiones o más herramientas para el combate a la delincuencia requieren acuerdos en el Congreso. Sin embargo, lograrlos satisfaciendo las demandas de los más de 20 partidos políticos y los más de 30 parlamentarios independientes es una misión prácticamente imposible.

Es cierto que no se verá con buenos ojos que los partidos políticos vuelvan a ensimismarse en un tema que no tiene interés ciudadano, pero hay que reconocer -como casi unánimemente se advirtió durante la reciente campaña electoral- que, con el actual sistema electoral y las dinámicas de trabajo entre el Congreso y el Ejecutivo, las necesarias reformas sociales seguirán entrampadas. No avanzar en ese ámbito sí impacta la vida cotidiana de las personas.

Pero, ¿Qué incentivo tiene cada uno de la decena de partidos oficialistas para pagar los costos que implica, por ejemplo, evitar que las personas pierdan su cobertura de salud privada? Siempre será más cómodo decir que no se está para “salvatajes” y esperar que los partidos restantes actúen con responsabilidad. Los mismo aplica para la oposición: por asegurar a sus votantes más duros se evita cualquier señal, por positiva que sea, para no parecer “entreguista” ante el Gobierno. En un escenario como ese, donde cada partido buscará que sus propias ideas estén reflejadas en los proyectos de ley, será imposible diseñar políticas públicas coherentes. Y la dificultad de llegar a consensos será creciente en un 2024 y 2025 lleno de elecciones.

Es por ello que medidas que disminuyan la fragmentación de nuestro sistema de partidos políticos es esencial. Asimismo, es importante que el Congreso respete tanto las urgencias que propone el Ejecutivo, como la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ahí el texto plebiscitado y el elaborado por los expertos tenían herramientas interesantes que deberían ser debatidas rápidamente en el Congreso, vía cambios legales, sin necesidad de reabrir una discusión constitucional.

Es evidente que estas cuestiones no son atractivas para la ciudadanía, pero son esenciales para poder resolver correctamente sus prioridades.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-