¿Se imagina que una ley en Chile se aprobara en solo 6 meses y con un transversal apoyo de 84% de los diputados en su trámite final? Lograr hoy ese tipo de acuerdos y en tan acotado plazo parece una quimera. Hace casi 10 años, ese fue el tiempo que tomó y el nivel de acuerdo que logró la reforma tributaria de la segunda presidencia de Michelle Bachelet. Todo un récord legislativo, pero ¿para qué? Al menos en lo que respecta a actividad económica, la aprobación de dicha reforma coincidió con el hecho que desde entonces el PIB ha crecido menos que el promedio del mundo (y así seguirá hasta 2028 según el FMI), algo que no sucedía desde los 70’s.

Pasar del sistema electoral binominal a uno proporcional también fue un acuerdo transversal. Tanto en la Cámara como en el Senado se aprobó la idea de legislar con un 74% de los votos. Es decir, tres cuartos de los parlamentarios aprobaron un sistema en el que hoy izquierdas y derechas coinciden que no da para más. Ni diez años duró el entusiasmo.

En Atacama los profesores pararon casi 3 meses. Sin embargo, el informe de la comisión mixta que aprobó los Servicio Locales de Educación no tuvo ningún voto en contra en el Senado y solo cinco en la Cámara. Pese a su respaldo transversal, hasta ahora los datos indican que los SLEP no han aumentado matrícula, mejorado la asistencia, ni los resultados respecto a la educación municipal.

El escritor Ian Fleming dijo: “Una vez es casualidad. Dos es coincidencia. Tres es acción del enemigo”. No sé quién sería el enemigo en este caso, pero lo cierto es que abundan acuerdos en el Congreso (súmense los retiros previsionales, la ley de la jibia o la de fraudes con tarjetas) que generaron problemas a la economía, la política y a la sociedad. Ese recuento es un llamado de atención. Los acuerdos no son buenos per se. Deben evaluarse en función del logro de sus objetivos.

En el caso de la reforma de pensiones, si el Gobierno pretende mejorar las pensiones el proyecto requiere cambios sustantivos. Tal como está el texto, según los mismos datos que dio a conocer la ministra Jara, en régimen, para lograr un aumento de 2 puntos porcentuales (pp) en las tasas de reemplazo del 40% más pobre de la población, la clase media (del 40% al 80% de menores ingresos) disminuirá ese mismo indicador en 5,5pp. versus la alternativa donde todo vaya a ahorro individual. El quintil de mayores ingresos, en tanto, perdería 7pp. Es decir, la sociedad como un todo pierde.

Si eso no fuese suficiente, la propuesta del Ejecutivo desincentiva el trabajo formal, entrega un poder excesivo al Estado sobre el mercado de capitales y arriesga la sustentabilidad, el principal atributo de nuestro sistema previsional.

Es preferible evitar un mal acuerdo que alcanzar uno del que rápidamente nos arrepintamos. Más si está en juego el ahorro de millones de chilenos.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicado en La Segunda.-