La administración sustentable de la pesca industrial ha llevado a que varios países dejen atrás los regímenes de libre acceso y transiten hacia el sistema de Cuotas Individuales Transferibles (CIT) de pesca, similares a las existentes en Islandia y Nueva Zelandia, y por cierto, en Chile desde hace ya varios años.
Un equilibrio sustentable, en términos de extracción de una parte de la biomasa respectiva y la inversión requerida para ello, se obtiene cuando las licencias de las CIT de pesca tienen una duración segura y prolongada, sin modificaciones inesperadas en sus reglas de juego, y que las características de divisibilidad y transferibilidad tengan las menores limitaciones.
En la actualidad, en Chile, los tipos de licencias existentes, A y B, tienen una duración de 20 años, con posibilidad de ser renovadas para el caso de las licencias tipo A, mientras que el proyecto de ley, recientemente ingresado, reduce dicho plazo a solo 10 años para ambas licencias, tras los cuales cambiaría el mecanismo de asignación.
Este plazo de 10 años es insuficiente para amortizar las inversiones requeridas y basta señalar que la depreciación de un barco pesquero implica más de 20 años. De hecho, por mencionar algunos ejemplos, una concesión de agua tiene 30 años, la recientemente acordada de SQM-Codelco será de 30 años y para un puerto es de 50 años. De hecho, en el caso de Nueva Zelandia, Islandia y Dinamarca, las licencias de pesca industrial son indefinidas.
El proyecto de ley solo señala que la reducción a 10 años se justifica para generar un mayor dinamismo en el mercado. Claramente, una licencia tan breve es algo anómalo en regulaciones comparadas y solo llevaría a una subinversión en un sector donde la relevancia del stock de capital es tan importante como el conocimiento de las biomasas pesqueras.
Carta de Tomás Flores, Economista Senior, publicada en El Mercurio.-