El reporte de la organización Escuelas Abiertas sobre la situación de los estudiantes sin clases en el SLEP de Atacama muestra cómo la indolencia de unos pocos mantiene secuestrada a la educación pública. Esto debiera escandalizarnos a todos, pero, además, debiera movilizarnos a actuar para que en el país se profundice y fortalezca la libertad de enseñanza, esto es, la posibilidad cierta de que las familias puedan escoger establecimientos educativos distintos a los estatales para así garantizar la realización del derecho a la educación de sus hijos.
Para ello se requiere, entre otras cosas, asegurar el financiamiento público por alumno sin discriminaciones arbitrarias, así como el deber del Estado de promover un sistema educativo mixto.
Esto conlleva la entrega de autonomía para la gestión, así como volver a evaluar las múltiples restricciones y burocracia que la reforma educacional de la expresidenta Bachelet impuso al funcionamiento, apertura y ampliación de colegios particulares subvencionados.

Carta de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en El Mercurio.-