Una mala Constitución puede arruinar un país. Una buena no es garantía de éxito. Lo cierto es que el progreso se juega más en las leyes que se discuten en el Congreso, por ende, cómo se regula el sistema político y electoral debieran ser la principal regla de evaluación de una propuesta constitucional.
Pese a lo que digan las redes sociales, una nueva Constitución no resolverá inmediatamente los problemas más apremiantes de la ciudadanía. Más seguridad, oportunidad de la atención en salud o mayores aprendizajes de los alumnos requiere de buenas políticas públicas y de gestión. Para lo segundo, la propuesta tiene varias medidas útiles de modernización del Estado que tomarán tiempo. Pero, es en lo primero donde la propuesta constitucional sí puede marcar una diferencia rápido. Fortalecer a los partidos políticos, evitar su fragmentación, entre otras herramientas, debieran generar dinámicas más colaborativas entre Ejecutivo y Legislativo que permitirán aprobar las necesarias reformas para que el país avance.
La mejora al sistema político es razón suficiente para votar “A favor”. Con un sistema capaz de generar mayorías legislativas e incentivar acuerdos con las minorías, incluso aspectos que parecen excesivos en la propuesta constitucional podrían ser modificados. Además, ¿cuál es la alternativa? Por un lado, sabemos que difícilmente esos cambios los harán los incumbentes. Por otro, votar “En contra” implicará, en palabras de Daniel Jadue, que “este proceso va a seguir abierto hasta que haya una Constitución en una asamblea constituyente”. Si el alcalde PC le parece muy extremo, el Socialismo Democrático no brilla por su moderación. “La cuestión constitucional va a seguir abierta”, dijo la experta del PS Catalina Lagos. Incluso el diputado DC Ricardo Cifuentes pretende que sean los parlamentarios elegidos en 2025 quienes deban modificar la Constitución.
Es decir, si gana el “En contra” una nueva discusión constitucional, que volverá a monopolizar la energía política y bloqueando otras discusiones, será cuestión de tiempo. De hecho, es lo que pasa con la reforma de pensiones que, por segunda vez en este gobierno, queda congelada por un plebiscito.
Este escenario es maravilloso para los adictos a la política y al derecho constitucional, pero nefasto para resolver la baja tasa de ahorro para la vejez o volver a crear empleos. ¿Quién se atreverá a invertir si las reglas institucionales siguen en juego?
Aquellos que promueven el voto “En contra” se apuran en aclarar que ello no implica un apoyo a la Constitución vigente, pero no ofrecen ninguna salida que ponga punto final a este loop que ya lleva cuatro años. En cambio, un triunfo del “A Favor” quitará fuerza y legitimidad a quienes insistan en cambios constitucionales.
Chile requiere certezas para volver a progresar económicamente y un sistema político que pueda afrontar con altura de miras reformas en materias sociales. Cerrar este ciclo constitucional es esencial para ello.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-