A la ciudadanía le da lo mismo quién fue el culpable. Es cierto que las Isapres se resistieron a cambios necesarios, que ni el Ejecutivo ni el Congreso han podido construir acuerdos y que el Poder Judicial se tomó atribuciones que no tiene. El problema es que ahora, con las aseguradoras pendiendo de un hilo, quienes sufrirán las consecuencias de un colapso de las Isapres -que con seguridad arrastrará a clínicas y laboratorios privados que atienden a 2,8 millones de beneficiarios y a un tercio de los usuarios de Fonasa- serán las personas que tendrán una menor cobertura financiera y una atención menos oportuna frente a problemas de salud. Es por ello que se requiere de soluciones.
Lo curioso es que, pese a las evidentes consecuencias políticas de una crisis sanitaria, La Moneda parece no enterarse. Quizá sirva recordar que, tras la delincuencia, salud es la segunda prioridad ciudadana según la última encuesta CEP.
Ante la inacción del Gobierno, ha sido la comisión de Salud del Senado quien ha liderado convocando a dos grupos de expertos representantes de distintas sensibilidades políticas para que propusieran soluciones de corto y largo plazo para el sistema de salud, el Gobierno desarmó las soluciones que buscaban evitar que la cobertura de salud de los afiliados de las Isapres se pusiera en riesgo. Y no le ha dado mayor relevancia al segundo informe que cuenta con valiosas medidas para reformar las Isapres, para hacerse cargo de las listas de espera que sufren los afiliados de Fonasa, de la mala gestión de los hospitales estatales y terminar con los fraudes asociados a las licencias médicas, entre otras propuestas.
Los ingresos de las Isapres caerán aproximadamente 13% a partir de diciembre. Los indicadores financieros que la Superintendencia de Salud fiscaliza rápidamente empeorarán, lo que puede llevar a la intervención de un administrador estatal y un eventual cierre. Además, se deberán reconocer deudas con los afiliados que afectarán su contabilidad y su relación con el mercado financiero. Es que las esquirlas de un colapso sistémico de las Isapres no son solo sanitarias, sino que supone un riesgo para la estabilidad financiera y para el gasto fiscal, tal como lo ha advertido el Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo y el FMI. Pero eso tampoco hace reaccionar al Ejecutivo. Es cierto que envió un proyecto de ley, pero han pasado 7 meses desde su ingreso y no presenta avances.
Gobernar supone hacerse cargo de resolver problemas. ¿Qué pasa en el Gobierno que, conociendo la grave situación por la que atraviesa la salud privada desde el fallo de noviembre de 2022, no logra soluciones? ¿Dónde está el ministro Elizalde para conducir la discusión legislativa? ¿Dónde está el ministro Marcel para anticiparse a un problema que puede significar cuantiosos recursos al Estado?
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-