En su IPoM de septiembre, el Banco Central anunció que, si nos va bien, en el trienio 2023-2025 Chile crecerá al 1,75%. ¿El escenario pesimista? Un crecimiento por debajo del 1%. Así se prolongaría una tendencia de mal desempeño económico que ya se estira por demasiado tiempo. En los últimos diez años se estima que el PIB per cápita crecerá un magro 0,7%.
Este no es un problema abstracto, sino que tiene dimensiones sociales y políticas. Entre las primeras está la baja creación de empleos y del crecimiento de los salarios. Por ejemplo, el porcentaje de personas con trabajo sigue por debajo de la que había en 2019 -faltan por recuperar cerca de 420 mil empleos- y, en el caso de las mujeres menores de 30 años, la ocupación ni siquiera llega al 50%. Por el lado de los sueldos, la Encuesta Suplementaria de Empleos muestra que los salarios reales, en promedio, cayeron entre 2018 y 2022, con los consiguientes efectos en la calidad de vida de las personas.
En cuanto a las consecuencias políticas, pese a que la relación es más difusa, hay datos reveladores. Por ejemplo, la muy alta correlación (de 0,82, donde 1 significa perfecta correlación) entre la percepción de la situación económica propia y familiar y la aprobación al gobierno del Presidente Boric. Es probable, entonces, que mientras las personas no vean mejoras sustantivas en sus ingresos y en su calidad de vida, la aprobación del actual mandatario no despegará. Y de igual manera afectará a cualquiera que lo suceda en el cargo.
Ciertamente, resolver la crisis de crecimiento que atraviesa el país no es sencillo. Requiere de medidas administrativas, como la disminución de los plazos para materializar inversiones; legales, a través de un sistema impositivo que promueva el ahorro y la inversión; y del cierre de cuatro años de incertidumbre constitucional, todo lo cual tomará años.
Sin embargo, hay áreas donde el Gobierno puede tener un impacto rápido, al menos, en no desincentivar el empleo. La primera, y más evidente, es que la reforma de pensiones, que significará mayores costos de contratación, no signifique además un impuesto al empleo si se establece un mecanismo de reparto. Evitar que vía dictámenes de la Dirección del Trabajo rigidice la implementación de leyes, es otra. Y se vuelve más importante dado que los mayores costos que significará la implementación de la ley de 40 horas, deben poder mitigarse gracias a la mayor flexibilidad que consideró la misma ley. Mejorar el impacto de programas de capacitación e intermediación laboral, es un tercer camino que se debe recorrer desde ya.
“Trabajo, trabajo, trabajo” prometía un candidato a diputado DC en su brevísimo spot de campaña en 2005. Si quiere repuntar en las encuestas y ayudar a que la política gane legitimidad, La Moneda y la coalición oficialista debiera contagiarse de ese mantra.