La atención de salud de los chilenos se encuentra en peligro por una crisis del sistema de Isapres con efectos sistémicos que amenazan al seguro público y a las clínicas y otros prestadores privados.
Originalmente, las Isapres no tenían límite a las alzas de precios para responder al aumento de costos de la salud, más allá del que pone la competencia. Pero esto empezó a cambiar los últimos diez años por decisiones de autoridades del Estado, descoordinadas y contradictorias. El Poder Judicial, ante una serie de recursos de protección, puso límites y condiciones a las alzas a través de fallos, contraviniendo el texto expreso de la ley. Como la ley decía una cosa y los tribunales otra, las Isapres se atenían a lo dictaminado en los fallos, pero seguían vigentes los demás contratos. Lo lógico hubiese sido que se cambiara la ley. Pero hasta hace muy poco, año 2021, El Ejecutivo y Legislativo no lograron ponerse de acuerdo.
Además de los precios bases, existe una tabla que pondera los factores de riesgo de cada integrante del grupo familiar. El año 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las tablas de factores que utilizaban las Isapres. Ello desató una nueva ola de recursos de protección hasta el punto que llegaron a ser el 95% de todos los recursos. Esta ola no fue espontánea: las cortes decidieron condenar en costas a quien perdía el recurso, lo que creó un negocio jurídico en que ciertos abogados llegaron a ganar hasta mil millones de pesos en un año. Para el demandante el abogado era gratuito, lo que explica la masividad de los recursos. Una buena parte del costo de salud reflejado en las primas que paga un afiliado van a parar a los bolsillos de abogados.
La Superintendencia de Salud durante un buen tiempo permaneció como espectadora de la situación y la validó aceptando las tablas de factores aplicadas por las Isapres. Recién el año 2019 fijó una tabla única de factores, eliminando la distinción por género y simplificando los tramos de edad.
En definitiva, dos cuestiones han provocado esta crisis: 1) la incapacidad del Estado para resolver vía regulación las contradictorias normas aplicadas y 2) los fallos de tribunales cuyas sentencias agudizaron el problema. Este despelote regulatorio e imprudencia judicial, cuyos últimos fallos sentencian efectos generales aplicables a todos los afiliados, (cosa expresamente prohibida por el legislador) y retroactividad, escaló el problema a nivel de crisis sistémica. En septiembre de 2022 la Corte desconoció la Ley 21.350 del 2021, recién aprobada por el Congreso, que establecía la manera en que las Isapres podían reajustar los precios de los planes. Otro fallo, desconoció las instrucciones de la Superintendencia sobre tablas de factores, dando a ésta un plazo de seis meses para instruir a las Isapres la forma de restituir a los cotizantes los recursos que hubieren pagado en exceso según el nuevo criterio.
Ahora, se afirma que las Isapres le deben miles de millones de dólares a los cotizantes, pese a que los contratos permitían cobrar las cantidades que cobraron. Hoy no podrían pagar sumas que exceden varias veces su patrimonio y el gobierno no tiene idea qué hacer para evitar que su quiebra, provocada por decisiones temerarias del Estado, arrastre a clínicas y médicos acreedores de las Isapres. También al FONASA, que recibiría a más de tres millones de afiliados, incrementando las listas de espera y provocando el colapso del sistema, además de poner en peligro la vida de cerca de 500.000 afiliados con pre existencias.
Luis Larraín, Presidente del Consejo, columna publicada en el Diario Financiero.-