Hay varias razones que explican por qué la ciudadanía y la política se han ido alejando. Probablemente una de ellas sea la velocidad y la facilidad con que la gente resuelve hoy sus problemas cotidianos versus lo que cuesta solucionar temas en los que está involucrado el Estado (renovar el carnet de identidad o ser atendido en un hospital público). Otra forma de mirarlo es cómo se consideran las preferencias ciudadanas. A través del streaming elegimos entre miles de series para verlas a la hora que más nos acomode. Años luz de diferencia con la experiencia de servicio en el sector público.
Libertad de elegir y adecuarse a las necesidades de las personas no son precisamente ideas que La Moneda promueva. El proyecto de ley de pensiones y lo planteado como ejes de la reforma a la salud así lo demuestran. Sin embargo, hay un área donde esos principios no se han aplicado bajo ningún gobierno: el sueldo mínimo.
Luego de subir un 7% por sobre la inflación en 12 meses, durante abril se deberá discutir su reajuste con la CUT presionando por acelerar su incremento. Pero, ¿tiene sentido que a un profesional universitario y a un egresado de educación media se les aplique un mismo sueldo mínimo? ¿O que sea igual en la región Metropolitana que en Aysén, región con un PIB per cápita que equivale a casi el 1% de Santiago? Las regiones podrían incentivar la inversión con un salario mínimo ad-hoc a su desarrollo y costo de vida. Si los chilenos somos crecientemente diversos, ¿no debieran las políticas públicas reconocerlo?
El sueldo mínimo en Chile solo se diferencia de los actuales $410 mil para los menores de 18 años y los mayores de 65 años. Sin embargo, en la OCDE hay una serie de factores que inciden en su determinación buscando adecuarse de mejor manera a las necesidades de los trabajadores. En Países Bajos y Australia el salario mínimo nacional aplica desde los 21 años para facilitar la inserción laboral de los jóvenes (acá podría pensarse, por ejemplo, en los 24 años considerando que la tasa de desempleo entre los sub25 es de 16%). En Canadá y Japón, en tanto, varía por regiones. En otros países se diferencia según ocupación o nivel educativo.
No tiene sentido que un gallito anual entre el gobierno de turno y la CUT defina, para todos los chilenos, cuál es el sueldo mínimo. La misma talla no calza bien para todos y, por eso, termina excluyendo del mercado laboral formal a millones, especialmente los más vulnerables.
Pese a que aún quedan empleos que recuperar tras la pandemia, el Gobierno no ha presentado una agenda pro empleo. De hecho, no ha enviado proyectos al Congreso en esa materia. Un buen comienzo sería diseñar un salario mínimo que se haga cargo de la diversidad de trabajadores del país, que impulse la creación de empleos formales y cuyo reajuste se base en criterios técnicos y no en quién grita más fuerte.
Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, columna publicada en La Segunda.-