Esa debe ser la sensación que ronda en La Moneda. El comienzo del segundo año del gobierno del Presidente Boric supondrá un enorme desafío: dejar atrás autogoles, revertir su baja aprobación y lidiar con dos coaliciones que no logran dar sustento a su administración. A esas difíciles tareas agrego otra.

Según el Banco Mundial, en la última década Chile ha retrocedido en todos los factores que componen su índice de gobernanza. Donde más hemos caído es en “efectividad del gobierno” y “estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo”. Si bien los datos son hasta 2021, nada indica que esa realidad haya cambiado durante la era Boric.

Como la estabilidad política está positivamente correlacionada con crecimiento económico (Posner, 2001), no es de extrañar la tendencia a la baja de la actividad en las últimas décadas. Si en los denostados 30 años el crecimiento económico promedió 4,5%, las proyecciones del Banco Central para la próxima década son menos de la mitad (2,1%). Ello se traducirá en que la calidad de la vida y los sueldos crecerán a un ritmo insuficiente para las expectativas de la población, lo que, a su vez, repercutirá en la estabilidad política del país.

Para salir de ese círculo vicioso, marzo será un mes clave. Comenzará un nuevo proceso constitucional y se retomará el trabajo legislativo. El comienzo del trabajo del Comité de Expertos para la redacción de un nuevo texto constitucional permitirá cerrar una discusión fundamental —por ejemplo, cómo diseñar un sistema político-electoral funcional— pero en la que ya llevamos más de 3 años.

Además, el gobierno retomará su agenda legislativa, donde La Moneda deberá hacerse cargo de tres de sus principales promesas de campaña. La reforma tributaria será votada en la Cámara y en el Senado debiera ser profundamente revisada para evitar que se convierta en una mochila que impida volver a tener un crecimiento acelerado.

La reforma de pensiones, en tanto, no tiene los votos para ser aprobada y lo mejor es partir desde cero en un proyecto que sí genere apoyo político, técnico y sobre todo ciudadano. Finalmente, es posible que, ante la lenta y poco ingeniosa reacción de la Superintendencia de Salud, la crisis financiera de las Isapres también tenga una arista legislativa.

En las dos primeras reformas se juega la posibilidad de evitar que el desempleo siga creciendo y que los salarios reales dejen de caer y, en la tercera, de evitar una crisis sanitaria que afectaría a millones de personas. Todas situaciones que generarán inestabilidad política.

Si el gobierno quiere revertir su mal momento y bloquear el ascenso de populismos, debe reordenar su agenda. En lugar de dedicarse a “superar el neoliberalismo” debe abocarse a mejorar las condiciones materiales de las personas. Eso pasa por volver a crecer.

Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas de LyD, columna publicada en La Segunda.-