Cada fin de año, al igual que en la canción del gran Camilo Sesto, concluye la negociación del reajuste de remuneraciones del sector público (RRSP), entre Gobierno y la Mesa del Sector Público (MSP), que lidera la CUT. Con o sin acuerdo, el Gobierno envía un proyecto de ley al Congreso y, una vez aprobado, rige desde diciembre del mismo año hasta noviembre del siguiente.

Este reajuste sólo afecta a salarios públicos, pero es de alto interés para el sector privado, ya que envía una potente señal en materia de expectativas de remuneraciones. Además, representa un gran esfuerzo para las finanzas públicas, por lo que termina financiando sueldos con recursos que podrían ser destinados a programas sociales, para los cuales el ejecutivo sólo termina considerando aumentos de impuestos.

Además del RRSE, esta ley también incrementa asignaciones, beneficios y demás retribuciones para el personal público. Aun cuando en términos de costos fiscales tanto el RRSE como las asignaciones y beneficios son relevantes (en promedio estos últimos representan en torno al 40% del costo de la negociación), inexplicablemente la discusión pública sólo aborda el reajuste y no los múltiples beneficios.

Desde 2019 se han reajustado escalonadamente las remuneraciones públicas, beneficiando más las rentas más bajas. Este persistente esquema ha generado problemas que deben evitarse o corregirse: primero, ciertos cargos de menor rango (y menor responsabilidad) obtienen una remuneración superior a uno de mayor rango y responsabilidad, afectando la equidad vertical. Esto es hoy aún más probable, ya que el RRSP de remuneraciones menores fue elevado (12% por la alta inflación). En segundo lugar, el Fisco pierde competitividad en atraer talentos desde el mundo privado en cargos de mayor jerarquía, con implicancias negativas en la excelencia y modernidad del Estado.

La evidencia internacional tiende a mostrar una brecha salarial a favor de los empleados públicos, sin embargo, en el caso de aquellos más calificados y de mayores ingresos, también sufren un castigo salarial respecto a su contraparte privada.

Esta tensión se puede resolver atrayendo personas de menores ingresos, afectando la gestión pública, o bien aumentando la competitividad de dichos cargos a través de, por ejemplo, sobresueldos, al puro estilo MOP Gate, uno de los mayores escándalos de las últimas décadas, cuando se supo que ciertos funcionarios recibían un “adicional” en sobres en efectivo.

La única y gran reforma en la materia, que aumentó considerablemente el sueldo de autoridades y funcionarios públicos, creó el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública, e instaló un mecanismo de selección basado en el mérito para directores de servicio y su plana profesional de segunda línea.

La modernización del Estado es una demanda ciudadana, en la que los funcionarios públicos juegan un rol clave. El Estado debe volverse un empleador competitivo, entregando similares posibilidades de desarrollo y crecimiento que el mundo privado.

Macarena García, Economista Senior, columna publicada en La Tercera.-