En la cuenta pública de junio pasado, el Presidente de la República anunció que ENAP sería distribuidor de gas licuado y que durante el 2022 comercializaría 100 mil cilindros a “precio justo”. A partir de dicho anuncio, presenciamos al ministro Jackson, quien usando un gorro del mismo color de los cilindros, realizaba numerosos puntos de prensa con un balón de gas en la mano previo al plebiscito del 4 de septiembre. Ha finalizado el año y sólo se ha llegado a 3 mil familias, ante lo cual el Ministro de Energía ha señalado que en 2023 sí cumplirá el compromiso, en cambio ENAP indica que avanzará gradualmente. Esta diferencia en lo comprometido da cuenta de la tensión que ha generado esta discutible política pública.
Esta nueva actividad empresarial la realiza ENAP a través de una sociedad cascada denominada Gas de Chile SA, sin que exista información sobre el resultado de la operación comercial 2022. Es fundamental saber si hubo subsidios involucrados financiados por ENAP o por otra institución fiscal, como el Ministerio de Energía, ya que ello implicaría evidentemente una competencia desleal con respeto al resto de la industria y, en términos de eficiencia, un discutible uso de recursos públicos.
Esta fallida experiencia del Estado ingresando a la actividad empresarial debe servir de alerta ya que basta recordar que en el programa del actual gobierno se plantea la creación de la Empresa Nacional de Redes de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Hidrógeno Verde, la Empresa Nacional del Litio, la Empresa Pública Comercializadora de Materiales de Construcción, la Empresa Pública de Industrialización de Vivienda Sustentable, la Empresa Pública de Administración y Desarrollo de Infraestructura, además de una nueva Banca de Desarrollo y los nuevos organismos que pretender reemplazar el trabajo que hoy realizan las administradoras de fondos de pensiones.
Tomás Flores, Economista Senior, Carta publicada en El Mercurio.-