En la última elección presidencial, muchos desestimaron las propuestas de campaña de la Nueva Mayoría pensando que no pasarían de ser meras promesas incumplidas. Aquello se probó ingenuo y errado, puesto que no tomó mucho tiempo constatar que la figura de la “retroexcavadora” tenía más de realidad que de ficción.

Durante la campaña americana, el mundo también se sorprendió con algunas de las propuestas del candidato Donald Trump, particularmente las que decían relación con su política comercial; pero, al igual que en Chile, peor aún ha sido constatar su decidido compromiso por cumplirlas, ahora que ha llegado a la Casa Blanca.

El líder de la mayor potencia del mundo arremetió con un discurso proteccionista de los viejos y malos tiempos. Entre sus primeras acciones, Trump abandonó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) con la ilusión que ello protegerá a trabajadores americanos de la competencia e incentivará a empresas con inversiones en el extranjero a volver a operar en EE.UU. Varias fuentes afirman además que Trump establecería una tarifa a las importaciones de hasta 20%, a lo que se suman anuncios de que impondría un impuesto fronterizo “muy grande” a aquellas empresas que trasladen puestos de empleo desde EE.UU. hacia el exterior. Como si fuera poco, amenazó también con emprender una guerra comercial contra China. Bravuconadas o no, nada puede descartar que embarque al país en esa dirección.

Existe amplia evidencia de lo perjudicial que han resultado las medidas de protección a la industria nacional y las políticas contrarias al comercio internacional, tanto en la propia experiencia americana post Gran Depresión como en países como Chile. Ellas dan cuenta que es pan para hoy y hambre para mañana.

En efecto, por más de cuatro décadas predominó en Chile un sistema proteccionista en lo comercial. En un intento por industrializar al país, la economía se volvió crecientemente cerrada, con elevados aranceles y la consecuente formación de un gran número de monopolios y/o oligopolios, privados y estatales, que derivaron en una estructura productiva poco competitiva e ineficiente. Se generaron grandes distorsiones por el tratamiento dispar y discrecional entre los sectores productivos, alcanzando en los años 1970s un arancel promedio de 105%, con una diferenciación entre productos que iba de 0% a 750%. Procedimientos burocráticos y decisiones arbitrarias estaban a la orden del día, así como las constantes presiones de los grupos de interés que fueron fuente inequívoca de corrupción.

El proteccionismo había dado cuenta de todos sus males: permitía la creación de monopolios, limitaba la diversificación de exportaciones, trababa el desarrollo y crecimiento económico y favorecía una sustitución ineficiente de importaciones. Es en este contexto que, a partir de 1973, se inició un proceso de cambio del sistema económico, hacia una economía muy abierta que buscaba aprovechar mejor sus ventajas comparativas, sometiendo a todos los sectores a la competencia externa. La lección aprendida llevó a continuar en décadas posteriores la política de apertura comercial, con la reducción uniforme y prácticamente total de aranceles y la firma de numerosos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.

Los resultados económicos para Chile de la apertura comercial son difíciles de cuantificar en un contexto de cambios institucionales múltiples. Sin embargo, existen numerosos estudios que reflejan los beneficios que derivaron en términos de participación y diversificación de las exportaciones (por número de producto, actores y destino), lo que impactó positivamente el crecimiento económico. La mayor competencia forzó además la sustitución de sectores y bienes finales que operaban en forma ineficiente (amparados por altas tasas de protección) por sectores competitivos o importaciones directas, lo que se tradujo en mayor productividad e importantes ganancias para los consumidores en términos de acceso a bienes y servicios más diversos y baratos.

En síntesis, la historia chilena demuestra la importancia que tienen las decisiones económicas en el progreso de un país, donde la mayor apertura comercial ha derivado en niveles más altos de desarrollo. Esta experiencia, que se replica en muchos otros países, debiera fortalecer la convicción de que la presión competitiva desde el exterior conlleva a una asignación más eficiente de los recursos productivos e impide la obtención de rentas monopólicas, lo que se traduce en significativos beneficios para la población.

Siempre habrá que lidiar con algunos sectores de la izquierda que aún no han entendido esta lección, pero resulta alarmante que el líder de una de las economías más libres y abiertas del mundo esté también abrazando estas ideas y que aleje la política económica estadounidense de su tradicional planteamiento de liberalización e internacionalización de su mercado. Es un camino errado donde solo habrá perdedores, tanto para los americanos como para el equilibrio global.

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada hoy en La Tercera.-