El proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara Baja, presentado como una  “simplificación” la Reforma Tributaria, es más bien un esfuerzo por hacerla viable limitando el nuevo régimen atribuido a empresas cuyos dueños sean personas naturales. Esto, para evitar las enormes dificultades que surgirán a la hora de construir la base imponible de los dueños de negocios  con estructuras societarias  complejas,  que eventualmente hubieran deseado optar por el sistema atribuido. Se trata así -¡qué duda cabe!- de un reconocimiento de la falta de realismo del proyecto original aprobado hace poco más de un año y medio, y por lo tanto hay que reconocer que es al menos un gesto valioso.

Sin embargo, y sin menospreciar que la preocupante retroactividad de las normas antielusivas parece haber sido corregida, el proyecto se queda en ser un mero gesto.

No elimina el problema de origen: en menos de una década habremos aumentado el impuesto a las utilidades retenida de las empresas en hasta 10 puntos porcentuales y logramos complejizar aún más un sistema que ya era suficientemente engorroso. Pasaremos  de ser un país con un claro incentivo a la reinversión (ya sea en la misma empresa o a través del mercado financiero)  a uno que castiga el ahorro con una tasa incluso mayor que la de del promedio la OCDE. A propósito, este mismo organismo en reiteradas ocasiones, y en línea con la evidencia internacional, ha insistido en que el impuesto más dañino para el crecimiento y la inversión  es  precisamente aquel sobre las utilidades de las empresas.

Columna de Francisco Klapp, Economista de LyD, publicada en Pulso.-