Especial relevancia ha tomado la discusión en el Senado sobre la elección popular del Gobernador Provincial. Esto deja la representación del Presidente de la República en manos del Delegado Presidencial, tema que olvida lo central: las funciones que ejecutará cada uno de los representantes.
Al efecto, y enfocándonos en lo que debiera ser la discusión de fondo -el fortalecimiento de las regiones-, existen tres proyectos de ley en el Congreso que abordan la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno Regional; el fortalecimiento de la regionalización del país y la entrega de nuevas competencias a la SUBDERE.
El proyecto de fortalecimiento, que trata sobre la transferencia de competencias del Gobierno Central a las Regiones, procedería, de oficio, por iniciativa del Gobierno Central o a petición del respectivo GORE con acuerdo de su Consejo, en materia de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural; tanto a plazo fijo o indefinido, y revocable de oficio por el Presidente de la República o a solicitud del GORE.
Lo anterior toma importancia cuando son estas las funciones que le correspondería ejecutar a la nueva autoridad electa, de hecho, el tratar estos proyectos de forma simultánea puede traer consigo la aprobación de normas discordantes, dejando en duda la efectividad de estas medidas. En la práctica, resulta complejo concluir de la discusión que se está dando en el Congreso sobre estas materias, cómo quedarán configuradas las autoridades y competencias regionales a nivel administrativo.
Aun más, si el proyecto en trámite contempla la creación de comisiones para el estudio del transferencia de competencias y, más adelante, se puede dar la situación de que la autoridad regional electa sea de una coalición política distinta a la del Gobierno Central, cabe a lo menos preguntarse si ello traerá dificultades en el traspaso de recursos y atribuciones, lo que en definitiva pueda entrabar la descentralización.
Más allá del nombre de la autoridad regional electa, no debemos confundirnos y creer en que la mera elección popular como mecanismo de selección de la máxima autoridad regional, traerá consigo avances concretos en materia de descentralización. Es necesario antes contar con una descentralización fiscal y administrativa para que la política de fortalecimiento a las regiones sea realmente efectiva.
Columna de Cristina Torres, Abogada de Libertad y Desarrollo, publicada en medios regionales de El Mercurio.-