Un pilar fundamental del éxito de la economía chilena se encuentra en el proceso de apertura comercial y financiera y la mayor competencia alcanzada en sus mercados. Al hablar de éxito me refiero a haber reducido la pobreza desde un 45% en la primera Casen (de 1987) al 7,8% en 2013, de la mano de haber casi quintuplicado el producto per cápita desde principios de los 80s. También observamos logros en indicadores más amplios, como el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, en que pasamos desde un nivel “medio” en los ochenta al nivel “muy alto” donde se encuentran los países líderes. Sin duda quedan desafíos muchos pendientes, lo que exige ordenar las prioridades y lograr que conversen la realidad con las expectativas. De hecho, fue la propia Presidenta la que puso el “realismo” en la ecuación, aunque “sin renuncia”, lo que su Ministro de Hacienda ha traducido como un “con paciencia” cuando hay recursos involucrados.

El crecimiento económico resultaba fundamental para superar la pobreza, unido a la implementación de buenas políticas y la focalización de los gastos. Para ello resulta indispensable usar bien los recursos siempre escasos. La clave de nuestro éxito fue desplegar los mercados que hasta los 70s estaban excesivamente regulados y remolones, siendo la apertura comercial un impulso vital para confrontar a nuestra industria con la competencia del resto del mundo, obligando a ser eficientes e innovar permanentemente. Es la competencia la que obliga a producir más y mejor con menores costos, incentivando la entrada de nuevos competidores cuando existen rentas sobre-normales.

Un país pequeño como el nuestro hace más difícil explotar las economías de escala  para producir a menores costos. Ello exige alcanzar tamaños mínimos que, en ocasiones, se traduce en la existencia de menos oferentes. El desafío es mantener condiciones competitivas, lo que se logra cuando existe una amenaza real de nuevos entrantes, se dispone de bienes sustitutos y está la posibilidad de entrada de productos desde el exterior en cualquier etapa de la cadena productiva. Consecuentemente, proteger la competencia exige eliminar barreras de entrada y políticas proteccionistas, así como estar atentos a desregular cuando corresponda para permitir la desafiabilidad de los mercados y el desarrollo de innovación y tecnologías que barren incluso con los monopolios naturales.

Igualmente necesario es contar con una institucionalidad siempre atenta a proteger la libre competencia, tanto de prácticas abusivas como de regulaciones erradas y excesivas. La buena noticia es que la Fiscalía Nacional Económica se ha ido fortaleciendo, tanto en su equipo profesional como en la calidad de sus investigaciones, mientras que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se ha consolidado como instancia especializada en estas materias, gozando ambos organismos de gran prestigio.

Con todo, descubrir prácticas colusivas –el mayor atentado contra la libre competencia- no es tarea fácil. En 2009 se dio un paso importante al aprobarse la delación compensada, tema que en su momento no estuvo exento de debates y aprensiones, dado que se trata de un instrumento que apela a la eficiencia en perjuicio del principio de igualdad ante la ley. Hoy, sin embargo, se reconoce como un instrumento exitoso y necesario para desbaratar los carteles.

El más reciente caso del papel tissue, dado en un contexto de malestar general contra los abusos en diferentes ámbitos, produjo una profunda y justa indignación. Más allá de las investigaciones en curso, para los consumidores hay un efecto claro: habrían comprado a un mayor precio al de equilibrio (aún no cuantificado) y, por tanto, esperan compensaciones. Por de pronto, han modificado sus preferencias de consumo, sancionando a las marcas involucradas con la sustitución de sus productos y una fuerte pérdida de reputación, de la mano de la caída de su valor accionario.

El Congreso, por su parte, reaccionó acelerando el trámite legislativo del proyecto de ley que repone la pena de cárcel para la colusión (eliminada en 2003 por estimarse poco efectiva), eleva las multas y establece un control obligatorio de operaciones de fusión. Sin más debate, en cosa de horas, el proyecto avanzó en su primer trámite imponiendo cárcel efectiva por mínimo un año y de siete años y medio cuando la conducta sea ejecutada en mercados de productos de “primera necesidad”.

En mi opinión, la premura es mala consejera. Tenemos un sistema que estaba funcionando bien -prueba de ello son los casos denunciados y sancionados– aun cuando ameritaba perfeccionamientos en términos de multas y atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica. Sin embargo, se avanza con apuro sin espacio para el necesario debate. Rápidamente pasamos a un sistema que repone la pena de cárcel, que constituye una propuesta discutible, al punto que entre los expertos no hay una posición unánime al respecto. Si bien es cierto que las sanciones se aplican principalmente a las empresas (aunque la ley actual admite multar también a las personas involucradas), mientras que la pena de cárcel la asumen las personas, ha sido la delación compensada la que ha permitido avanzar y probar este tipo de casos. No sabemos si ante el riesgo de cárcel se puede perder eficiencia, más aun considerando que se eximiría de la sanción penal solo al primero que se auto-denuncie.

Pero en el debate actual se ha producido un daño adicional. No es difícil imaginar una sonrisa irónica de los choferes de retro-excavadoras que quieren barrer con lo que llaman “el modelo”, traspasando la responsabilidad de los hechos al mercado. Los casos de colusión existen y se verifican en Europa y Estados Unidos, pero allá la reacción es sancionar  y compensar, además de insistir en proteger la competencia de los mercados como el instrumento más eficaz para entregar productos de mejor precio y calidad.

El regulador debe promover el buen funcionamiento de los mercados y tener como norte la competencia como la mejor forma de proteger a los consumidores en el largo plazo, sin entusiasmarse en controlar y coartar su desarrollo, que es el que redunda en beneficio para la actividad productiva y, sobre todo, para los consumidores.

Columna de Rosanna Costa C., Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-