La gratuidad parcial que el Gobierno pretende otorgar a los alumnos de los cinco primeros deciles a través de la Ley de Presupuestos del año 2016 ha dado origen al debate de si corresponde que el Estado tenga un trato diferente con ciudadanos que, en similar condición socioeconómica y mérito, hayan optado por instituciones de educación superior diferentes.

Aunque el tema surgió debido a esta iniciativa específica, esta discriminación ya está presente en el financiamiento de cada uno de los niveles de nuestro sistema educativo.

En educación parvularia, los niños de jardines propios de la JUNJI reciben más recursos que aquellos que asisten a jardines cuya administración es delegada en terceros (VTF). Estos últimos atienden al 60% de los niños que asiste a este nivel de enseñanza y, sin embargo, la brecha en el monto por alumno se amplía año a año producto del trato discriminatorio del Estado.

En educación escolar, un mismo alumno recibe del orden de 50% más de recursos públicos si opta por un colegio municipal en lugar de uno particular subvencionado. Y si bien ha pasado bastante desapercibido, las nuevas subvenciones creadas con la Ley 20.845 también discriminan injustamente entre alumnos con similar necesidad según el establecimiento educacional al que asisten: "público, gratuito y sin fin de lucro" es la consigna. Lo paradojal es que las familias chilenas parecen querer justamente lo contrario: colegios privados, con copago y en muchas ocasiones con fines de lucro, pues ahí han encontrado proyectos educativos afines a sus preferencias y necesidades.

Y en educación superior la historia es la misma: el valor de las becas que otorga el Estado depende del tipo de institución, y adivine usted hacia dónde se dirigen las becas más generosas... En este contexto, lo que se pretende hacer mediante la mal llamada gratuidad es acentuar una injusticia ya existente.

En suma, hoy ya ocurre un trato discriminatorio en el financiamiento público de la educación. La reforma del Gobierno, en lugar de resolverlo, limita aún más las opciones educativas de las familias,  y deja los recursos públicos en manos de los intereses de los políticos e ideologías de turno.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Pulso.-