Durante este tiempo la atención pública ha estado enfocada en las grandes reformas que ha impulsado el Gobierno; la tributaria, educacional y laboral. Sin embargo, la agenda legislativa no muere ahí.
Silenciosamente han ido avanzando algunos proyectos de ley que, pese a no ser tan mediáticos como los anteriores, son de gran relevancia. Se trata de la agenda de vivienda y urbanismo.
Uno de ellos es el denominado proyecto de ley de aportes al espacio público, que en términos generales pretende establecer sistemas de aportes directo de obras de mitigación por las externalidades que producen los proyectos inmobiliarios, independiente de su tamaño, en el sistema de transporte público.
Este sistema de mitigaciones bien diseñado podría ser pertinente. No obstante, la indicación sustitutiva del Ejecutivo va más allá pues establece un aporte “indirecto” que corresponde a fondos exigidos a los proyectos que generen crecimiento urbano por densificación y que deberán invertirse en un 70% en transporte en toda la ciudad, ya no sólo en la comuna donde realmente está emplazado el proyecto.
Este aporte indirecto, dependiendo del destino del proyecto y de la intensidad de uso de suelo podrá alcanzar un monto equivalente al 44% del avalúo fiscal del terreno en que éste se emplace, con una sola excepción relativa a proyectos habitacionales que tengan una densidad neta igual o inferior a 200 habitantes por hectárea, lo cual de acuerdo a cálculos de expertos implicará un aumento en un 8,8% de un porcentaje importante de proyectos inmobiliarios, lo cual implica consecuencias reales en el valor de las viviendas y de establecimientos comerciales.
Estos aportes, según el mensaje del Ejecutivo no se harán cargo de los “déficits históricos de infraestructura”, lo cual atendido lo amplio del concepto y la no existencia de vías de reclamación para los interesados, podría llevar precisamente a utilizar esta herramienta precisamente en sanear dichos déficit en las distintas comunas, cuestión que dista mucho de la lógica de obligar a mitigar las externalidades futuras de los distintos proyectos urbanísticos n las zonas de impacto.
Finalmente, este aporte podría ser entendido como un nuevo tributo a la urbanización, pues implica un aporte en dinero y sólo de manera excepcional, es posible pagar por medio de la ejecución de obras, el cual a su vez sería inconstitucional, pues tiene por destino específico un fondo especial para la ejecución de estas mitigaciones.
Considerando el denominado “IVA en la construcción” aprobado hace apenas un año con la reforma tributaria que aumenta el valor de los proyectos y el proyecto por cambio de uso de suelo, la aprobación de este proyecto será un nuevo golpe a la industria, al crecimiento y a los bolsillos de una serie de personas que aspiran a ser propietarios en el mediano plazo de un inmueble.
Columna de Sergio Morales, investigador del Programa Legislativo de LyD, publicada en Chile B.-