La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó la ejecución del gasto público correspondiente al primer semestre de este año, información que debiera considerarse para la discusión sobre cada una de las iniciativas que componen la reforma educacional del gobierno. Y es que si consideramos las leyes ya aprobadas, los proyectos enviados al Congreso y los trascendidos sobre el contenido de los que están por venir, vemos que todos tienen en común que amplían la participación del Estado en materia educacional. En ese contexto, es útil revisar los antecedentes disponibles en relación a la eficiencia con que éste cumple hoy las tareas que ya le han sido asignadas. ¿Son éstas llevadas a cabo de forma eficiente? ¿Llegan los recursos de forma oportuna a los establecimientos educacionales para cumplir con los propósitos que la ley mandata?
En materia de educación parvularia, el presupuesto 2015 para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) destacó por el incremento sin precedentes de los recursos para invertir en infraestructura. Aunque el 2014 se ejecutaron apenas 38% de los $18 mil millones considerados para este ítem, el presupuesto 2015 creció más de 11 veces, llegando a $225 mil millones. Y como era de esperar, a la fecha se registra una bajísima ejecución (menos del 3%), que da cuenta de la baja capacidad de gestión del Ministerio de Educación (Mineduc) en materia de inversión en infraestructura. Dado que existe un compromiso presidencial de construir 4.500 salas cunas y 1.200 jardines hasta el 2017, urge la entrega de un cronograma detallado que muestre el camino a seguir.
En educación escolar, el 2015 se introdujo un nuevo programa en el que se reasignaron líneas ya existentes para ser destinadas exclusivamente a establecimientos municipales bajo el argumento de la necesidad de fortalecer la educación pública. Pues bien, la ejecución de estos recursos a mediados del 2015 ha sido de apenas el 21% (equivalente a $58 mil millones de un total de $282 mil millones). Y la principal línea que lo compone, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública ($185 mil millones para entregar a las municipalidades), al término del primer semestre mostraba una ejecución de apenas 18%.
Sorprende que el Mineduc, en su presentación a la Comisión Mixta de Presupuesto, califique esta ejecución como “un logro”, pues lo cierto es que si los recursos llegan de forma tan tardía, es muy difícil que cumplan realmente con el objetivo de apoyar a la educación municipal. Dado que este problema se repite año a año, nos parece que ya es tiempo de cuestionarse si en vez de seguir con programas de ejecución engorrosa y burocrática, no debiesen buscarse otras vías ya probadas para hacer llegar los recursos de forma eficaz, como por ejemplo, aumentando la subvención regular.
Por último, en educación superior destacan varias líneas de financiamiento institucional con ejecución nula al 30 de junio. Esto es especialmente preocupante si consideramos que lo que se desprende de los anuncios del gobierno es que el proyecto de gratuidad de la educación superior buscará sustituir el actual sistema de becas y créditos por uno en que los recursos se entreguen a las instituciones por vías similares a las usadas por los programas mencionados, sobre la base del cumplimiento de requisitos y convenios por parte de éstas. La experiencia relativa a las dificultades para transferir de forma oportuna estos recursos (cuestión que se repite año a año) debiera hacer al gobierno repensar su idea de replicar un modelo como éste.
En suma, la ejecución del presupuesto del Mineduc da cuenta de las serias deficiencias del Estado para gestionar correctamente y entregar oportunamente los recursos donde se necesitan. El gobierno debiese tomar en cuenta estos antecedentes para el diseño de las iniciativas pendientes de su reforma educacional, y evitar asumir el rol preponderante que hasta ahora viene siendo la tónica.
Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-