En la semana se aprobó la idea de legislar en materia laboral en el Senado, con lo cual se dará inicio al debate de su contenido en particular. Es el momento entonces de conocer las modificaciones que desde el Ejecutivo se promuevan. Veamos algunos puntos que en mi opinión requieren mayor análisis.

Un primer aspecto debatible en la iniciativa se refiere al alcance que se da a la titularidad sindical, la cual no se somete al test de la representatividad –ni en porcentaje, actividad o establecimiento-, entregándosela a todo evento al sindicato que exista. Tanto así, que se le niega derecho a huelga a cualquier grupo negociador en una empresa en que exista sindicato. No se justifica tampoco entregarle a éste sindicato titular, no siempre representativo, una suerte de veto para extender los beneficios. Este conjunto de normas debe analizarse con mayor profundidad de modo que se garantice siempre el apego de la mesa a lo que mandatan sus representados y no al revés.

Un segundo conjunto de normas a ser revisadas se refiere a la prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga y el fin del descuelgue (ambos condicionados y regulados hoy en la ley vigente). La realidad es que son pocos los países sin ninguna forma de reemplazo. Adicionalmente, la evidencia disponible pone en duda los beneficios esperados, y por el contrario, destacan como efectos posible una mayor duración de las huelgas. Junto con ello, si bien en el corto plazo pueden incrementarse las remuneraciones, algunos estudios muestran que este efecto se revierte en el tiempo en la medida que se ajusta la inversión. Usando esta evidencia de otros países, el CEP estimó que si caen los salarios y el empleo en Chile de igual manera a la encontrada en esos estudios, el trabajo perdería o dejaría de ganar US$ 6.000 millones por el efecto conjunto en empleo y remuneraciones.

El reemplazo permite que el empleador constate la mayor productividad de sus trabajadores y valore su aporte. No es verdad que la empresa no resienta la huelga si hay reemplazo, pues no existe alternativa real de reemplazar trabajadores que conocen su oficio por otros y sólo se permite tras el pago de un bono por trabajador reemplazado y de cumplir requisitos de plazo o de contenido de la oferta mínima a los huelguistas. El costo en términos de clima laboral es aún mayor y perdura lejos más allá del plazo de la huelga. Prueba de ello es que el instrumento se usaría escasamente. Su valor reside sólo en que la opción existe como una instancia a la cual se recurre cuando han fracasado otras y que evita costos mayores en la empresa y a los consumidores, quienes siendo ajenos a estas diferencias son la cara visible del costo social de las huelgas.

En cambio, los pactos de adaptabilidad laboral que contiene el proyecto podrían potenciarse para fortalecer las relaciones laborales, aumentar la productividad y, de paso, reducir costos frente a los desafíos externos que habrá de enfrentar la economía. Precisamente si el acento para fortalecer las relaciones laborales y el sindicalismo se pusiera en instrumentos que pudieran incrementar la productividad se podrían garantizar mejoras salariales permanentes y fortalecer la actividad sindical.

Puesta la reforma en perspectiva, se trata de una que tensiona las relaciones laborales, y que probablemente de tener algún efecto positivo en remuneraciones, la evidencia sugiere que será temporal, que un plazo más largo se revierte, no sin efectos adversos en la producción y el empleo. Eso es lo que ocurrió en Francia tras una reforma de similares características a fines de  los años sesenta, nos recordó Ricardo Caballero en su reciente pasada por Chile. Un estudio suyo encuentra que después de un período inicial en que el efecto conjunto de remuneraciones y empleo crecen, hay un ajuste en la inversión y este efecto se revierte generando importantes caídas en la masa salarial respecto de la situación inicial. El mayor impacto de este tipo de reformas suele manifestarse cuando el mercado laboral se tensiona fruto de shocks internos o externos, frente a los cuales, en presencia de rigideces salariales, los ajustes se producen reduciendo el crecimiento (o el nivel) de empleo. En ausencia de ello, el ajuste se dilata en el tiempo con menores incrementos de remuneraciones reales. Es probable si que con mayor cambio tecnológico y sustitutivo del trabajo, estos ajustes sean más rápidos.

Chile muestra hoy una economía debilitada, con un crecimiento nulo en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior (desestacionalizado), y una demanda intern  igual de débil. Peor, su crecimiento de largo plazo acaba de ser rebajado nuevamente por el panel de expertos que convoca el Ministro de Hacienda a 3,6%, lo que aún parece optimista. La economía está absorbiendo el efecto de la reforma tributaria sobre el stock de capital y la menor rentabilidad neta de la inversión. Finalmente, frente a un posible deterioro en el escenario externo, al cual se responsabilizó excesivamente del menor crecimiento en Chile, nos demandará una capacidad de adaptación importante de la mano de ajustes microeconómicos que se harán a menos costo con mayor flexibilidad. Un dilema político económico que Chile debe resolver.

Y frente a las incertidumbres internas relativas a la ruta y contenido de las reformas, que pareció acercarse más al “realismo” que al “sin renuncia” tras el cambio de gabinete, vuelve a aflorar en medio de señales confusas. Esta reforma se percibe como una opción significativa para contribuir a despejar el efecto del cambio de gabinete en las definiciones económicas sustantivas. Es algo que esta vez el Ministerio de Hacienda no podrá soslayar.

Columna de Rosanna Costa C., Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-