Uno de los pilares de la reforma laboral es el establecimiento de los pactos de adaptabilidad de las condiciones de trabajo. Muchas veces han sido nombrados por autoridades, expertos, trabajadores y empleadores, bien sea destacándolos o con el propósito de destruirlos.
Lo cierto es que el proyecto permite a los sindicatos que cuenten en régimen con una representación mínima del 30% de los trabajadores, pactar con su empleador dentro de una negociación colectiva, pactos sobre condiciones especiales de trabajo, fundamentalmente jornadas laborales y descansos.
La posibilidad de que los sindicatos puedan acordar libremente (salvo ciertas reglas mínimas que establece el proyecto) con su empleador pactos que adapten las normas laborales generales a características de una empresa, de los trabajadores o a determinados ciclos económicos del año es la única gran oportunidad que se plantea en esta iniciativa para estimular la productividad de las empresas y generar flexibilidad que permita que personas excluidas del mercado laboral puedan ingresar a él. Así, por ejemplo, el establecimiento de normas menos rígidas podría constituir un incentivo para la contratación o mantención de mujeres, adultos mayores, discapacitados y jóvenes.
Considerando el momento económico de desaceleración económica, baja en la inversión y el débil crecimiento de nuevos puestos de trabajo, es que este tipo de figuras son un aporte real en materia laboral que debiera destacar como un elemento importante que se debe poner sobre la mesa en las distintas negociaciones colectivas. Así las cosas, este tipo de acuerdos debiesen mantenerse, e incluso más, mejorarse y extenderse a otras materias como sistemas de renta variable, vacaciones e indemnizaciones por años de servicio, entre otras.
Luego de escuchar las últimas declaraciones de la Presidenta de la CUT y de otras organizaciones sindicales, estos pactos de adaptabilidad sufren el serio riesgo de ser eliminados del proyecto de ley, toda vez que han argumentado, de manera tramposa, que esta materia no dice relación con el proyecto y que debiera ser estudiado para una iniciativa legal posterior, cuestión que claramente no tiene ninguna viabilidad política futura.
En la tramitación de este proyecto de ley tan determinante para el mercado laboral y la economía nacional es de vital importancia que los actores políticos asuman con seriedad esta discusión impulsando un equilibrio real en las relaciones laborales que ponga su énfasis en los requerimientos laborales futuros y no manteniendo una actitud nostálgica de la mecánica laboral de los años 30 que en nada beneficia al trabajador de hoy.
Columna de Sergio Morales C., Abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en Chile B.-