Hemos constatado con dureza en los últimos meses, tras los cuestionamientos asociados al financiamiento de las campañas y precampañas, la precariedad de nuestros partidos políticos y la necesidad de revisar su modalidad de financiamiento. Al abordar el tema, sin embargo, hemos pasado a condenar todo vínculo entre dinero y política. La intención de estas líneas es invitar a analizar las propuestas desde otra esquina.

En lo que estamos de acuerdo es que se requiere un mecanismo que garantice la competencia política y respete la libertad de expresión, y un sistema de disuasión eficaz para la corrupción y el cohecho, sin afectar derechos esenciales como la participación ciudadana.

Dado que la política tiene algunas características de bien público, le cabe un rol al financiamiento público, evitando que se sub-invierta y para garantizar un nivel de competencia. Con todo, no es socialmente deseable forzar a los ciudadanos a financiar más allá, en desmedro de otros usos alternativos de los siempre escasos recursos y siempre múltiples demandas.

De igual forma, sería indeseado que este financiamiento público fuese predominante, transformando a los partidos en receptores pasivos de recursos públicos, arriesgando  burocratizarlos y alejarlos de sus bases, lo que los debilitaría más. Al contrario, debiese valorarse que los partidos salgan a buscar financiamiento suficientemente diverso,  y además mantengan raíces permanentemente con la ciudadanía. Así, el vínculo con fuentes de financiamiento privadas no es solo necesaria, sino deseable.

No deseamos exponerlos a la captura del financiamiento privado. Pese a que la evidencia empírica avala que un político se debe a todos sus votantes y el poder del financista no es suficiente como para condicionar su comportamiento legislativo (Stephen Ansolabehere et al.), una sociedad puede valorar una mayor cautela respecto al riesgo de captura ya señalado. La propia comisión Engel se hace cargo al definir un límite conceptual a los aportes individuales, equivalente a la contribución que no sea suficientemente relevante entre los aportes totales como para comprometer la independencia del receptor. Una cosa diferente es, sin embargo, establecer límites al gasto total.

En varios países, y en particular en Estados Unidos, la Corte Suprema no ha aceptado limitar el derecho a expresión, estableciendo límites al aporte global (la suma de los aportes), pues no encuentra argumento alguno para asociarlo claramente con corrupción.

La iniciativa del Ejecutivo, en trámite legislativo, limita el gasto para campañas aproximadamente a la mitad de lo establecido en la ley vigente (ajustándose a los cambios de patrón electoral).  Me parece un error y al menos debiese cautelar que, de haber límite, éste sea holgado. Se desconoce el costo con el cambio de sistema electoral y además es deseable aumentar la participación en las elecciones, pero lograr que vote más gente debiese tener costos marginales crecientes. Y aún más importante, deseamos competencia real, para lo cual el candidato desafiante debe tener oportunidades reales, y ellas no existen si no nos hacemos cargo que es una persona desconocida y enfrenta a un candidato que ya ganó una vez y lleva años trabajando con la comunidad, con el financiamiento propio del ejercicio de sus funciones, incrementando aún más su nivel de conocimiento.

Hoy se discute prohibir la reelección. Obviamente ello evita en parte este dilema del incumbente y el desafiante en sentido estricto, pero al costo de restarle opciones al elector y al de perder la opción de aprovechar la experiencia acumulada, cuando ella ha sido bien evaluada. Parece un mejor camino permitir que se invierta lo suficiente en dar a conocer nuevas caras en política y de paso introducir normas que regulen la intervensionismo electoral y prohíban el clientelismo.

A estas alturas no quisiera eludir la pregunta de si deben aportar las personas jurídicas. Creo categóricamente que sí. Esta restricción es al menos curiosa y no es la opción mayoritaria de los países desarrollados, pues deja fuera a una serie de organizaciones de gran relevancia social. Entre ellas las empresas, pero también a los sindicatos, que fueron los que financiaron en el origen al partido laborista inglés. No se ve la razón por la cual organizaciones sociales como aquellas que defienden la vida, el medio ambiente u otras tantas no podrían aportar a un candidato que los represente mejor. Obviamente hay formas de precaver que exista transparencia y mandatos claros de los adherentes a la organización, pero no desconozcamos tampoco, que en una organización privada la adhesión es enteramente voluntaria y sin desmedro de la regulación, quien desconfíe de las mesas directivas o directorios puede retirarse o vender su participación. Es en cambio en el ámbito del gobierno en el cual esa opción de retiro no existe y por tanto solo existe la alternativa de la regulación y los contrapesos.

Por el contrario, parece extremadamente sano que el financiamiento provenga del flujo formal de la economía, detectado en balances y sujetos a fiscalización, antes que de la economía informal y/o negra.

En la misma línea, y en aras de avanzar en transparencia, se ha dispuesto eliminar todo aporte anónimo (aquellos inferiores a 20 UF) incluso para personas naturales. Esto pasa a llevar el legítimo derecho a la participación de quienes deseen aportar montos limitados sin que se conozca su afinidad política, ya sea por preferencia o por temor a represalias.

Quiero cerrar con un llamado a conocer el conjunto de iniciativas y a analizarlas en su globalidad considerando sus interrelaciones. Tanto en la agenda de probidad como en otras (educación) estamos analizando los proyectos e iniciativas de a gotas sin mirar el conjunto. A veces, los árboles no dejan ver el bosque y, en estos casos, aunque queramos, no podemos ver un bosque en diseño.

 Columna de Rosanna Costa C.,  Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada hoy en La Tercera.-