El slogan de la gratuidad llegó lejos. Cuando en el programa de gobierno se compromete educación superior gratuita, había letra chica, ya que no existe nada gratuito. Lo que se anunció en realidad es que se pagará con impuestos generales. Ese gasto marginal se puede asociar al aumento en la carga tributaria, lo que afecta a los hogares vía mayor precio y/o producción; es decir menor crecimiento y empleo respecto a la situación base. Más aún, aunque asumamos por un momento que nada de eso ocurriera, los recursos destinados a financiar esta gratuidad se restan siempre de toda oferta alternativa de bienes públicos, ya sea que se trate de educación prebásica, básica o media,  salud, carreteras, u otros. Además,  con la propuesta habrá que fijar precios de los aranceles, pues resulta imposible creer que el gobierno financiará gratuidad a cualquier arancel que definan las universidades, y como normalmente en el tiempo la capacidad de pago del Fisco se debilita en beneficio de otras prioridades más latentes, más temprano que tarde, terminará ajustándose por menor calidad.

Pero haciendo nuevamente omisión de todo ello, ese mismo discurso de gratuidad en educación está traspasando otras barreras. Una iniciativa de parlamentarios DC, introduce gratuidad para estacionamientos de centros comerciales,.  Se debate si dicha gratuidad es para las dos primeras horas o para la primera media hora, pudiendo extenderse otras dos horas si se presenta una boleta de cualquier valor. Dado que se permite boleta de cualquier valor, es equivalente a gratuidad por dos horas y media, y por tanto, se trata de casos analíticamente similares.

El gobierno ha sido populista al apoyar la iniciativa. Vimos como el Ministro de Transporte dejó de lado la preferencia por el trasporte público avalando este incentivo para incentivar el uso del automóvil. De hecho, en otros países se usa elevar el costo para estacionar como un mecanismo para descongestionar zonas saturadas. Y es inconsistente cobrar impuestos a las gasolinas y aplicar un nuevo impuesto verde a los automóviles precisamente para encarecer su uso y luego apoyar esta iniciativa. Más grave aún, se  avala una medida inconstitucional que limita el derecho a uso y goce sobre bienes privados.

Construir un edificio de estacionamientos no es gratis, así como tampoco lo es su mantención y los servicios, entre ellos los de seguridad que deben prestar los centros comerciales.  Luego, aunque la ley hable de gratuidad, podemos con certeza esperar otras fórmulas indirectas para recuperar los costos incurridos.

En efecto, en primer lugar los consumidores ya han demostrado en los hechos que están dispuestos a pagar por el servicio, porque valoran llegar en auto a comprar (lo que no es equivalente a decir que no prefieran que se los regalen). Así, ante la prohibición de cobrar por el servicios de estacionamiento, se buscará traspasar el costo a los locatarios, quienes a su vez buscarán traspasarlo a precio de venta de sus productos. El consumidor estaba dispuesto a pagar por estacionar, de modo que si no se deteriora el servicio, probablemente pagará más por las compras, dado que el servicio de estacionar es gratuito.

El nuevo precio de venta de los productos deberán cubrir todos los costos, incluido el de construcción del estacionamiento y los servicios anexos. El problema es que no pagarán necesariamente quienes usen el estacionamiento, sino que habrá un conjunto de subsidios desde unos consumidores a otros, y caerá la calidad del servicio prestado. Así la solución propuesta con el proyecto, aunque sea bien intencionada, no parece más justa.

Ahora el centro comercial vende un paquete de bienes y servicios en forma conjunta con el servicio de estacionamiento, de mantención y seguridad en el mismo, independiente se si el comprador llega en auto o en locomoción colectiva. Ambos pagarán lo mismo por el combo, lo usen completo o no.

Pero además, dada la gratuidad, habrá automovilistas que dejan su vehículo en el centro comercial para ir a otro sitio cercano, aumentando la congestión y deteriorando el servicio que reciben los visitantes del centro comercial. Entonces los clientes terminarán pagando además con un peor servicio. Cuando se compre a mayor pecio, se paga por el estacionamiento propio y por el de terceros que ni siquiera iban al centro. Mientras tanto, el cliente que llega en bus será el más desfavorecido. Es así como la nueva modalidad llevará a una serie de subsidios cruzados y a menor calidad de servicio.

Todo ello es consecuencia de tratar de regular un precio de un bien competitivo. No se fija el precio del pan ni de otros productos esenciales porque con precios inferiores surge rápidamente la escasez o cae la calidad de los que se ofrece. Por ello, cuando se desea favorecer el consumo de sectores de menores ingresos, no se fijan precios sino que se entregan subsidios y se les permite tomar libre y adecuadamente las decisiones de consumo, en lugar de introducir estas costosas distorsiones.

Entiendo que la política la lleva y que estos tecnicismos pueden resultar molestos. Pero la racionalidad nunca debiera pasar de moda. En cambio, la moda de malas políticas públicas es mejor que se termine pronto.

Columna de Rosanna Costa, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-