El llamado proyecto de Ley que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales en realidad tiene muy poco de “moderno”. Podría ser válido en el esquema industrial de hace medio siglo, de economías cerradas con grandes empresas monopólicas u oligopólicas, cuya producción era relativamente estable, no sólo en cantidades, sino también en el tipo de bienes que producían.
El contexto actual es opuesto: barreras comerciales cada vez menores, constante cambio tecnológico y un grado elevado de obsolescencia. Este es el mundo que enfrentan actualmente las empresas, grandes y pequeñas, pero que es más complejo para las segundas, por cuanto tienen menor acceso al mercado financiero y son menos diversificadas. De aprobarse este proyecto, las normas que regirían los derechos colectivos serían muy adversas para el mundo de la pyme, y para muchas de ellas podría ser definitivamente letal.
No se trata de satanizar los sindicatos ni menos la negociación colectiva. Por el contrario, especialmente en empresas de mayor tamaño, facilitan la comunicación y los acuerdos, ya que puede ser complejo para el empleador enfrentar negociaciones individuales. De hecho, la mitad de las empresas de más de 200 trabajadores tiene actualmente sindicato, y la tasa de sindicalización en ese grupo de trabajadores es superior al promedio de la OCDE. Sin embargo, a través de la titularidad sindical, el impedimento para el empleador de extender beneficios y la amenaza de práctica antisindical en la negociación individual, tendremos una sindicalización forzada. Los trabajadores serán remunerados de acuerdo con la productividad promedio, impidiendo al empleador premiar el esfuerzo individual, con un impacto evidente en los incentivos.
Adicionalmente, el fin del reemplazo en la huelga y el impedimento del descuelgue de trabajadores es difícil de enfrentar para una empresa pequeña. La gran empresa cuenta con recursos suficientes para plantear acuerdos satisfactorios a la dirigencia sindical, estructuras que resultan inviables para empresas de menor tamaño. De esta forma, la huelga puede ser financieramente letal para una empresa mediana o pequeña, que en muchos casos es parte de la cadena productiva de otra gran empresa. Pasa a ser, por ende, un instrumento de presión incontrarrestable. El sindicato capta una renta transitoria, que afecta el desarrollo futuro de la empresa y también en forma significativa los incentivos para emprender.
El piso mínimo es de igual forma una traba mayor para la pyme, que por su naturaleza se ve enfrentada a ingresos muy variables en el tiempo, no sólo producto del ciclo económico, sino también por tener estructuras de producción poco diversificadas. Lo mismo es cierto respecto a la legalización del sindicato interempresa, que enfrentará al pequeño empresario, ya no a negociar con su sindicato, sino con una organización con más poder y otros intereses, que responde a la realidad de un rubro, y no la de un empresario en particular. En muchos casos la respuesta de los empleadores será “cartelizarse o morir”, con el evidente daño a los consumidores.
Pero, probablemente, el elemento más negativo para las pequeñas empresas es la imposibilidad de establecer pactos, que les permitan ajustar sus necesidades laborales a la realidad de su negocio. Inevitablemente deberán ajustarse a la rigidez del Código del Trabajo en términos de jornadas y otros. En el corto plazo se sumará también el fin de la llamada “polifuncionalidad”, que es constitutiva de su naturaleza. En definitiva, en el gobierno de Michelle Bachelet se empezará a escribir el “adiós a la pyme” dañando no sólo a los emprendedores, sino también y principalmente, una fuente de trabajo esencial en nuestra economía.
Columna de Cecilia Cifuentes, Economista Senior de LyD, publicada en La Tercera.-