A continuación, les dejamos la columna de nuestro Consejero, Juan Andrés Fontaine, en La Tercera.
Es lamentable, pero Chile interrumpió este año su veloz marcha hacia el desarrollo. Es imposible no asignarle una alta cuota de responsabilidad en ello a la reforma tributaria, principal política económica del año. Pese a las importantes rectificaciones que experimentó en el proceso legislativo, creo que la Historia la juzgará culpable.
Una idea equivocada
Desde luego, sus propósitos eran válidos: allegar recursos al presupuesto fiscal para mejorar la calidad de la educación y conferirle a la estructura tributaria un carácter más progresivo. El problema es que la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet, al elevar fuertemente la carga tributaria en el equivalente a 3% del PIB-, y hacerla recaer principalmente sobre el ahorro y la inversión de las empresas, terminará provocando el efecto contrario: lapersistente desaceleraciónrestará al Fisco los recursos adicionales que prometíay el consiguiente aumento del desempleoterminará exacerbando la pobreza y la desigualdad.
En ninguna parte del mundo un impuestazo semejante es inofensivo. La batería de alzas tributarias sobre los bienes raíces, automóviles, créditos, bebidas, alcoholes y tabacos no podía sino elevar el costo de vida y provocar malestar político. Pero lo más nocivo de la reforma son los cambios a la tributación a la renta de las empresas y sociedades, que desalientan su ahorro e inversión con pesados gravámenes, normas engorrosas y mayor poder discrecional del Servicio de Impuestos Internos.
Es cierto que muchos países desarrollados cuentan con un amplio estado del bienestar, financiado con altos impuestos. Pero se enriquecieron previamente, ofrecen servicios públicos de calidad y, en cualquier caso, no recargan de impuestos tan altos a las empresas, porque saben que ello sería pan para hoy y hambre para mañana. El país típico de la OCDE, comparado con Chile, recauda proporcionalmente menos impuestos de las empresas y mucho más de las personas. Su contrato social hace a los votantes particularmente de clase media- consentir en pagar altos impuestos a la renta o sobre ciertos consumos, a cambio de buenos servicios públicos. Muy distinta es la oferta de la Nueva Mayoría: educación gratuita pagada con los impuestos de otros, las empresas; una suerte de paga Moya.
Por supuesto que es ilusorio que un alza de la carga tributaria sobre las empresas y sociedades sólo afecte a sus dueños, Ya sea vía menor inversión y creación de empleos, o mayores precios, la reforma la pagamos todos. Pero, aunque hoy resulte inverosímil, eso es lo que oímos de las autoridades y sus asesores a comienzos de año: que imponer la renta atribuida como base tributaria para las empresas, eliminar el FUT y elevar hasta 35% los impuestos sobre sus utilidades retenidas esto es, ahorradas- no afectaría sus decisiones de inversión; que, gracias a un ilimitado acceso al crédito, las empresas tanto grandes como chicas, no tendrían problemas en afrontar los mayores gravámenes.
Esa idea, gestada en remotos círculos académicos, desconectada de la realidad nacional y de las mejores prácticas internacionales, se convirtió con prodigiosa velocidad en pieza clave del programa de la Nueva Mayoría y, a tan sólo veinte días de inaugurado su gobierno, pasó a ser el corazón del proyecto despachado al Congreso.
La democracia en acción
El proyecto despertó fuerte crítica ciudadana, especialmente en las pyme, los gremios empresariales y consumidores. Variados expertos hicieron ver sus complejidades y defectos. Las encuestas de opinión se tornaron adversas. Tras veloz aprobación en la cámara baja, la iniciativa fue sometida a constructivo y riguroso examen en el Senado. El Gobierno, pese a contar con los votos suficientes, tuvo el mérito de allanarse a negociar con la Oposición importantes modificaciones.
Para la oposición minoría parlamentaria- fue un gran logro moderar los aspectos más críticos de la reforma. La versión aprobada hace opcional el régimen de renta atribuida, lo que aleja la incertidumbre que ocasionaba la imposición del desconocido concepto de renta atribuida, desconocido y plagado de dificultades. El nuevo régimen semi integrado de tributación de las empresas, aunque eleva a 27% la tasa sobre sus utilidades, al preserva un tratamiento tributario favorable para las utilidades retenidas, fórmula empleada encasi todos los países avanzadospara estimular el ahorro y la inversión. También se introdujeron importantes mejorías para las pymes (incluyendo el diferimiento por 60 días de los pagos de IVA), los impuestos a las viviendas y las facultades del SII.
Pese a ello, al acuerdo fraguado en el Senado no consiguió despejar la desconfianza creada por la iniciativa original.Sorprendentemente las autoridades han sido más bien parcas en explicar sus alcances y aclarar las muchas dudas que ha suscitado el texto. Por ejemplo, hay expertos que sostienen -otros discrepan- que ciertas normas contra la elusión de impuestos podrían castigar la retención de utilidades para invertirlas en activos financieros. Tal interpretación sería diametralmente reñida con elobjetivo pro ahorro del protocolo de acuerdo.Ojalá la anunciada publicación anticipada de las correspondientes circulares del SII y su amplia consulta pública- ayuden a disipar la incertidumbre.
El futuro
Sin perjuicio de aclaraciones y perfeccionamientos, hay dos aspectos, consustanciales a la reforma, que son problemáticos. Primero, la existencia de dos regímenes tributarios opcionales resultado inevitable de la negociación política- crea complejidades. Pienso quea futuro sería conveniente circunscribir el régimen de renta atribuida sólo a sociedades pequeñas y simples (como las C-corporations de EE.UU.). El segundo aspecto y más grave- es que la mochila tributaria ha quedado demasiado pesada para los emprendedores. Soy partidario moderar al menos a 25% la tasa de impuesto sobre sus utilidades, en lugar del 27% previsto a partir de 2018.
Habrá que introducir los cambios necesarios. Hacerlo a partir del texto aprobado será mucho más fácil que si rigiera el proyecto original. Pero, para una buena reforma tributaria pro crecimiento necesitaremos los votos. Hay que tabajar para ello.