REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JORGE RAMÍREZ, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA EN CHILE B.
Los acuerdos parecen haber sido reeditados como práctica política en el amanecer del denominado “segundo tiempo” de la gestión gubernamental de la Nueva Mayoría. En el Ejecutivo, la alternativa del acuerdo surge frente a una negativa prospectiva económica, y la resistencia interna a disposiciones específicas de la reforma tributaria. Estos elementos obligaron a morigerar la posición inicial para de este modo abrir canales de diálogo con sectores pragmáticos de la Alianza. Por el lado de la oposición, surgió el dilema de si atendiendo a la máxima del interés general resultaba prudente plantear correcciones a la propuesta, y así obtener un resultado sub-óptimo, que de todos modos resultase mejor para la salud de nuestra economía que el diseño original. La alternativa a esto era tomar una decisión utilitarista desde el interés particular y así capitalizar un eventual castigo de la ciudadanía a la Nueva Mayoría por una administración económica irresponsable como producto de la implementación de la reforma. Finalmente se optó por lo primero.
Desde el punto de vista político, el acuerdo representa un reposicionamiento de la Alianza como un cuerpo con relevancia política, recordemos, que desde marzo a la fecha la agenda estuvo completamente dominada -para bien o para mal- por la Nueva Mayoría. Sin embargo, nuevamente la Alianza cae en la tentación de asumir roles protagónicos con trajes ajenos. Las alzas de impuestos nunca serán una tierra fértil ni programática, ni electoralmente en el sector. Y aunque han surgido declaraciones sensatas y entendibles en explicar el carácter pragmático del acuerdo, señalando que éste no se enmarca en el ideario y hoja de ruta del sector, otros sospechosamente parecen no sentirse mayormente incómodos con el resultado, resaltándolo en un narrativa de triunfo moral.
Algunos más entusiastas plantean la posibilidad de llegar a acuerdos en otras áreas, tales como la reforma electoral y la reforma educacional. En este punto habría que realizar una distinción. En materia electoral, es probable que surja un acuerdo, en cuanto se trata de una discusión meramente instrumental, aunque no por eso irrelevante. La forma a partir de la cual se distribuye el poder político es una discusión donde el interés propio parece ser la única variable a considerar en la ponderación de factores de la toma de decisión. Distinto es el caso de la reforma educacional. Detrás de la decisión de prohibir el lucro, eliminar la selección y poner fin al copago hay elementos de principios orientadores de la acción política, por tanto, es una discusión donde las concesiones, en un potencial acuerdo donde los términos de la discusión los impone quien detenta la mayoría, incluso se podrían llegar a pagar más caro.
Por último, considerando la irritación que existe en sectores maximalistas de la Nueva Mayoría, producto de la apertura al diálogo del Ejecutivo, porque sabemos, muchos de ellos fundan su acción política desde la lógica de la confrontación más que de la del encuentro, parece improbable que en materia educacional, que es sino el símbolo del programa transformador de la Nueva Mayoría exista disposición a abandonar los slogans y corregir diseños utópicos.
Entonces, es de esperar que ante los nuevos frentes políticos que surjan exista conciencia en la centro derecha, que luego de la significativa derrota electoral, en la Alianza no es tiempo para nuevos triunfos morales.