A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DEL INVESTIGADOR DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, SERGIO MORALES, PUBLICADA EN LA SEGUNDA.
El Ministro de Hacienda, con la intención de materializar un compromiso asumido entre el Ejecutivo y ambas comisiones de Hacienda -acuerdo que fue sellado a propósito de la discusión de ingreso mínimo durante 2013-, enviará esta semana al Congreso un proyecto de ley que crea una institucionalidad permanente que proponga la fijación del sueldo mínimo de los trabajadores para cada año, así como el monto de reajuste de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares.
La institucionalidad propuesta consiste en la creación de un Comité de ocho expertos que representen distintas sensibilidades, los cuales serán nombrados por el Presidente de la República previa ratificación del Senado. Este organismo tendrá carácter consultivo para el Ministerio de Hacienda, debiendo para cada discusión elaborar un informe que contenga la propuesta del guarismo con la indicación de los criterios utilizados para determinarlo, éste deberá ser enviado a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras y publicarse para conocimiento público.
Desde el anuncio realizado hace muy pocos días se han levantado críticas por parte de la CUT y otras organizaciones que cuestionan la tardanza, la falta de diálogo y participación de los distintos gremios en este Comité. Respecto de lo primero, ciertamente hubiera sido preferible que se hubiese presentado con antelación; sobre los otros reparos, se trata de planteamientos infundados, toda vez que en ningún momento estas entidades quedarían desplazadas o excluidas de la discusión del salario mínimo, pues nada obsta a que puedan participar siendo oídas por la respectiva comisión o por otros medios, más considerando el carácter no vinculante del informe.
Esta iniciativa, pese a llegar ad portas del término del mandato del Presidente Piñera, es una importante señal acerca del avance que nuestro país debe hacer en política de salarios mínimos, dejando de lado juicios meramente políticos. Además, utiliza criterios que propone el Convenio 131 de la O.I.T., que van en la línea de hacer confluir las aspiraciones y capacidades de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas; con las posibilidad de mantener y generar crecimiento y nuevos puestos de trabajo para quienes se incorporan al campo laboral.
Es de esperar que este valioso aporte no sólo no sea desestimado por las nuevas autoridades ni olvidado en la carpeta de proyectos de ley que deja la actual administración.