A continuación, reproducimos la columna de Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de LyD, publicada en Pulso.

El INE ha expresado que si bien el proceso censal 2012 tuvo problemas como reportaron las comisiones Externa (CE) e Internacional (CI), “gran parte de las  dificultades operativas que hubo en el desarrollo del Censo, fueron enfrentadas exitosamente por los Directores Regionales, Jefes Zonales Censales de la Región Metropolitana y encargados del INE”. Agrega que la revisión del procesamiento cumple con los estándares internacionales, al igual que indicadores cuantitativos de la calidad de la base censada (como la tasa de no respuesta para variables de población).

Si bien la CE originalmente estimó una preocupante omisión de 9,3%, ésta utilizó como referencia la población proyectada con el Censo 2002, la cual consideran “una proyección sólida y por tanto válida”, incluso a nivel comunal, lo que históricamente y de acuerdo a las recomendaciones de CELADE no es la práctica común. De hecho, la CI desestimó calcular dichas tasas de omisión, ya que las estadísticas vitales –nacimientos y defunciones- no han sido evaluadas de manera independiente, lo que no quiere decir que sean de mala calidad, sino que no han sido debidamente testeadas. Respecto a la omisión a nivel comunal, la CI fue clara en cuanto a que “las proyecciones de población requeridas por el método de cálculo seguido por la CE no tienen un grado de confiabilidad suficiente, ya que no hay información disponible sobre migraciones internas netas necesarias para proyectar la población total por comunas a partir del Censo 2002”.

Con estos y otros antecedentes, el INE considera acertadamente “que la información contenida en la base censal es útil para el diseño de las políticas públicas, así como para investigaciones del área económica, social y de infraestructura”, siempre y cuando se acompañe de toda la documentación necesaria y no se realice la cuestionada practica de imputar viviendas que no fueron visitadas.