A continuación reproducimos la columna de Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico, publicada en La Segunda:

Nunca en los últimos veinticinco años habíamos tenido una campaña presidencial que estableciera con tanta fuerza la idea de que los ciudadanos tienen el derecho a recibir gratuitamente una serie de bienes y servicios de alto costo por el sólo hecho de formar parte de la población. Se ha mencionado con fuerza la idea de establecer en Chile un “Estado Social de Derechos”, que en definitiva es otra forma de llamar al Estado Benefactor, y en el cual el rol de de la política social va mucho más allá del concepto de subsidiaridad y de igualdad de oportunidades. Ya no bastaría con garantizar el acceso a la educación, sino que el Estado pasaría a ser responsable por el resultado del proceso; “educación de calidad”, desconociendo o tapando el hecho evidente de que no hay educación de calidad sin el deber y el esfuerzo necesario para lograrla. ¿Por qué se empiezan a generar ahora estas demandas y por qué los actores políticos las consideran válidas y razonables? La explicación radica probablemente en que el país ha tenido, gracias principalmente a China y al cobre, un largo período de “vacas gordas”, que lleva de alguna forma a pensar que el esfuerzo es menos necesario, que los recursos están y van a estar disponibles con facilidad, y que por ende es factible que todos dispongamos de más bienes y servicios sin el correspondiente esfuerzo. Algunas cifras ilustran este punto con claridad: en los últimos ocho años la producción física de bienes en el país aumentó un 38% (promedio anual de 4%), mientras que el ingreso per cápita en dólares aumentó un 115% y el gasto fiscal aumentó un 81% real en el período. En términos simples la situación del país es asimilable a la de una familia que ganó la lotería, lo que le permitió por varios años vivir más allá de sus posibilidades, y pretende ahora mantener esa situación para siempre. La conclusión es evidente; se generó la sensación de que el bienestar puede aumentar mucho más rápido que el esfuerzo para generarlo, cuando en realidad lo que ocurrió fue que durante ese período nos cayó “maná del cielo”. Pero ahora que no sólo el precio del cobre sino también los costos de producirlo nos anuncian el fin de este “super ciclo”, es tiempo de volver a la realidad. Sin embargo, pareciera ser que los actores políticos no se dan cuenta de ello ya que se hacen eco de demandas que efectivamente son muy difíciles de financiar sin la holgura que tuvimos los años anteriores.

Se plantea entonces la solución de la redistribución de ingresos, es decir que el 20% más rico pague los “derechos sociales” que se quieren entregar gratuitamente al 80% más pobre, basado en que la desigualdad en Chile se ha mantenido elevada durante estos años de bonanza. El problema de fondo es que en la práctica no se han implementado en un grado suficiente las políticas que realmente pueden atenuar la desigualdad; mejorar la calidad de la educación pre-escolar, primaria y secundaria, y entregar políticas de capacitación laboral efectivas a los sectores de menores ingresos. Y más grave aún, los recursos que se piensan extraer de los sectores de altos ingresos no parecen estar apuntando a solucionar los problemas de fondo, sino sólo a dar gratuitamente la misma calidad de servicios que hoy se entrega. El mensaje de fondo es completamente errado, ya que el logro de un progreso real y duradero exige profundizar el esfuerzo de todos los ciudadanos. Ese mismo esfuerzo que ha crecido a un ritmo muy moderado en estos años, y que ahora queremos doblemente desincentivar con la promesa de la falsa gratuidad por un lado, y con impuestos que afectan  fuertemente la generación de ingresos por parte de quienes los pagan. El resultado esperado no es auspicioso, y de hecho se puede ver en varios países europeos que han optado por estos “Estados Benefactores”; el afán redistributivo terminará indudablemente dañando la base fundamental del desarrollo del país, el trabajo y la inversión, y nos encontraremos que hemos entregado derechos muy difíciles de financiar a gran parte de la población, derechos que entonces están naciendo muertos.