A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en La Tercera:
En el contexto del nombramiento del equipo constitucional de la candidata Bachelet, hemos sido testigos de las palabras de uno de sus asesores: “el problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”; “como la asamblea [constituyente] no pretende ser institucionalmente válida, no necesita ser legal, pero tampoco necesita ser ilegal. Entonces todo puede ser lícito”. En palabras de algunos constitucionalistas DC, con razón, este plan podría ser el comienzo de una “dictadura democrática”; la “vía rupturista” es “jugar con fuego”.
Hace algunos meses se intentó justificar la Asamblea Constituyente por estar ante una “crisis institucional”. La mejor respuesta la entregó el entonces Presidente del Senado Camilo Escalona. No sólo era “fumar opio”, sino confundir crisis institucional con desafección política. Ahora el argumento es que tendríamos una Constitución “tramposa”, basada en el sistema electoral binominal y leyes supermayoritarias que existirían sólo en Chile.
La Constitución busca equilibrar el que una mayoría gobierne (regla democrática) respetando los derechos individuales (regla del constitucionalismo). Las supuestas “trampas” en nuestra Constitución existen en diversos países del mundo con credenciales democráticas impecables, incluidas las leyes supermayoritarias. Por su lado, el fracaso de la reforma al binominal ha estado marcado tanto porque los parlamentarios incumbentes –de todos los partidos– ven directamente afectados sus intereses, como por la falta de consenso, respecto de la dirección –sistema mayoritario o proporcional–. Si la cuestión es la falta de legitimidad de nuestros representantes y de competencia, y es importante la gobernabilidad, la respuesta lógica es ir hacia un mayoritario con base uninominal y no cambiar la Constitución.
¿Por qué Chile debiese abandonar la tradición reformista recorrida en las últimas tres décadas –que llevó al ex Presidente Lagos a sostener en 2005 que se trataba de una Constitución “democrática” que ahora “nos unía a todos”– y aceptar la propuesta de quiebre institucional desde el equipo de Bachelet?¿Se cumple con el objetivo de unir a los chilenos como comunidad política?¿Es razonable que por mecanismos contramayoritarios bien específicos se busque reinventar una Constitución que recoge adecuadamente nuestra tradicional constitucional? No. Y cuidado; en la última década, las Asambleas Constituyentes han perseguido dos objetivos bien diferentes: avanzar en transiciones desde dictaduras o guerras a democracias (África y Asia), o bien, buscar cambiar las reglas del juego institucional para transferir más poder a un sector político (Venezuela, Bolivia y Ecuador), eliminando todo tipo de contrapeso o mecanismo contramayoritario. La propuesta desde el equipo de Bachelet se parece mucho a esto.
Ahora bien, no adelantemos conclusiones equivocadas. No podemos caer en la miopía de la defensa irrestricta del statu quo; una cosa es, contar con mecanismos contramayoritarios y otra muy distinta es tenerlos todos y en dosis altas. Soy partidario de reformas incrementales y acumulativas, tradición que hemos seguido los chilenos en las últimas décadas. Ello no sólo implica ir avanzando en cambios graduales que sumados han hecho que nuestra Constitución actual luzca bastante diferente a la original, sino que equilibren, de manera inteligente, la regla democrática con el ideal regulativo que persigue el constitucionalismo: la protección de los derechos y libertades individuales.