A continuación reproducimos la columna de Francisco Klapp, investigador del Programa Económico de LyD, publicada en La Segunda:
Dicen (los siúticos) que la política es el “arte de los posible” y es, precisamente, en ese sentido que debería valorarse la flexibilidad que ha intentado mostrar el gobierno al presentar una nueva versión simplificada del proyecto de reforma tributaria. Esta versión 2.0, si bien apunta a alcanzar una recaudación similar al original, introduce significativos cambios pero a la vez mantiene varios elementos del primer proyecto, algunos de estos buenos, otros malos y unos cuantos, francamente feos.
Entre lo bueno, destaca el haber desistido de implementar un dudoso Impuesto Verde que además de encarecer muchos -si no todos- los productos, poco hacía para incentivar el reciclaje y proteger el ambiente. Lo mismo que un gravamen a los alcoholes de más de 40 grados, cuyo diseño parecía descuidado y distorsionador y cuyo espíritu podría haberse plasmado de mejor forma en un gravamen proporcional al contenido alcohólico de las bebidas. Se valora también el mantener la introducción de un mecanismo de reliquidación automática que corregirá una importante fuente de inequidad horizontal para aquellos que enfrentan periodos de cesantía o cuyas rentas del trabajo enfrentan gran volatilidad. Pero lo más relevante es que se eliminaron en los cambios en materia de retiros en exceso, y se moderó la postura frente a los gastos rechazados, ya que estos cambios daban una señal perniciosa de quiebre de nuestro sistema integrado, haciendo de la excepción aplicada a Sociedades Anónimas la regla para todas las empresas. Además, habría generado problemas de doble tributación.
En cuanto a lo malo, resulta especialmente decepcionante el haber descartado la eliminación progresiva y final de los aranceles, medida que no sólo corresponde a lo que debiese esperarse de un gobierno de centro derecha que vuelve a mirar a su ideas propias, sino que es, qué duda cabe, la progresión lógica del exitoso camino que Chile emprendiera hace ya más de 30 años. Una decisión que claramente responde, al igual que la rebaja ahora menos pronunciada del impuesto de timbres y estampillas, a presiones recaudatorias, las cuales se podrían haber compatibilizado con estas trascendentales rebajas a través de una implementación extremadamente gradual, por ejemplo, a lo largo de la siguiente década. Dejando las particularidades y después de tanto desgaste del gobierno debatiendo este tema, no parece que hubiese cambios en la reforma que ayudasen a cumplir los objetivos originalmente planteados para este proyecto de ley, otrora anunciados con entusiasmo por el Presidente Piñera en cadena nacional. Pero peor aún, y parafraseando a José de Gregorio, se ha abierto una Caja de Pandora y aunque se aprobase con agilidad está versión revisada, el tema ya ha quedado instalado para una próxima elección presidencial, donde bien sabemos priman las consignas y las pasiones, y regularmente escasean las ideas responsables.
Por último, lo feo. Los ingresos estructurales permanentes han resultado mayores de los esperado y es claro que la calidad de la educación no depende de manera automática del nivel de gasto, pero se nos sigue intentando vender este aumento en la carga tributaria como estrechamente ligado y más aún, como condición necesaria,para mejorar la educación, pero bien sabido es, que en Chile –afortunadamente- no existe afectación de los impuestos. Por lo que al pasar los recursos adicionales al “pozo central del gobierno”, poca certeza existe, más allá de nuestra confianza en la buena voluntad de las autoridades, que la recaudación incremental se destinara completamente a educación y que no terminará “invertida” en otros proyectos de dudosa rentabilidad social.