A continuación reproducimos la columna de Eliana Claro, Coordinadora de Seguridad Pública y Justicia de LyD, publicada en Pulso:
Recientemente se llevó a cabo el seminario “Cárceles concesionadas: Revitalizando el modelo”, que organizado por Libertad y Desarrollo, contó con la participación de connotados especialistas nacionales y extranjeros, además del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
La instancia se basó en la inminente necesidad de ampliar los recintos penitenciarios (hoy con tasas de hacinamiento por sobre el 30%) y de segregar la población penal según nivel de criminología, de manera de poder enfocar eficientemente los recursos y esfuerzos hacia una verdadera rehabilitación y futura reinserción, prácticamente inexistente hoy en nuestro país.
En esta línea, el Gobierno presentó su proyecto de “Nueva política penitenciaria” que incluye la construcción de 4 nuevas cárceles, de las cuáles tres serían centros modelos de educación y trabajo, y el cuarto sería un centro de clasificación y distribución. El proyecto se encuentra bastante avanzado para dos de estos centros, cuyo diseño pretende licitarse durante el 2012. Sin embargo, aun no está claro el modelo seguir en términos de si se tratará de un sistema tradicional, uno concesionado o una mezcla de ambos.
Así, el objetivo del seminario estuvo centrado en un análisis del modelo concesionado, sus beneficios y aquellos puntos que han generado controversias.
A pesar de los cuestionamientos realizados públicamente hacia el modelo, el Ministro se mostró abierto a continuar con las concesiones de cárceles, declarando los beneficios de este sistema y la falta de evidencia en relación a los diferenciales de costos con el modelo tradicional. En este sentido, enfatizó en que queda camino por recorrer; que las miradas deben ser más profundas a intereses de largo plazo, declarando la intención de la cartera en buscar fórmulas que permitan llegar a un acuerdo con los concesionarios, y sobre todo alinear los objetivos hacia la reinserción, concluyendo que pretenden “hacer del sistema concesionado un aliado de nuestra políticas públicas y que sean la alternativa tanto en la construcción como en la operación de los nuevos recintos”.
Por otra parte, la experiencia inglesa muestra cómo desde el año 1992 la tendencia ha sido hacia la privatización (modelo que en la actualidad representa un 15% del total del sistema penitenciario), incluso llegando a la privatización de cárceles públicas. El experto hizo especial hincapié a la relevancia que tiene el diseño de los contratos en una futura evaluación tanto del centro penitenciario en sí mismo, como de la política de privatización o de concesión en el caso chileno, haciendo referencia a la experiencia inglesa que ha estado marcada por “buenos” y “malos” contratos y por ende a “buenas” y “malas” experiencias.
Por último, diversos expertos coincidieron en la importancia de potenciar el sistema de concesiones, pero buscando evaluaciones objetivas, metas concretas e incluso abriéndose a la posibilidad de “premios o incentivos” sujetos a niveles de reinserción. Entre sus beneficios destacaron las mejoras en calidad de vida tanto para aquellos que cumplen la condena como para quienes ejercen la vigilancia (Gendarmería), las oportunidades laborales reales que se ofrecen para los condenados, los programas de educación y reinserción que ofrecen los concesionarios y la calidad de la infraestructura.
Es por esto que el desafío está en buscar las flexibilidades necesarias y el perfeccionamiento de los contratos actuales, de manera de potenciar las asociaciones público–privadas, que permitirán la cooperación de ambos sectores, la generación de sinergias y el aprovechamiento de las capacidades del sector privado en términos de competencia, creatividad, innovación y tecnología para los actuales y futuros penales.