A continuación, reproducimos la columna de opinión de nuestro Coordinador de Políticas Públicas, José Francisco García, ayer en www.eldinamo.cl.
Esta semana fueron dados a conocer los resultados de la última encuesta de victimización de la Fundación Paz Ciudadana- Adimark, que mide, desde hace más de una década, la victimización en robo e intentos de robo en nuestro país.
Estas cifras son relevantes y hay que tomárselas muy en serio, dado que, afortunadamente, en Chile los expertos han consensuado –siguiendo la evidencia– que a la hora de medir el fenómeno de la delincuencia, las encuestas de victimización son un instrumento más confiable que las estadísticas de denuncias. Con todo, la literatura especializada tiende a mostrar que ambos sistemas (encuestas y denuncias) deben ser más bien vistos como complementarios ya que tienen sus particularidades, fuerzas y debilidades como mecanismos estadísticos frente a tipos de delitos específicos (por ejemplo en materia de homicidio y delitos sexuales las denuncias son más confiables).
Un primer dato preocupante que arroja la encuesta, dice relación con que en un 39,3% de hogares se declare haber sido víctima de robo o intento de robo durante estos últimos 6 meses, aumento significativo respecto a diciembre de 2010, donde la victimización fue de 33%. Ello confirma definitivamente el quiebre de la tendencia a la baja que se venía dando desde hace algunos años y que cambió su dirección en la anterior encuesta Paz Ciudadana-Adimark de junio de 2011.
En cuanto a la concentración de la victimización en el Gran Santiago, se observan cambios significativos respecto a diciembre de 2010. La mayor variación se da en el área nororiente de Santiago, donde la victimización aumenta en un 7,3% (llegando a niveles de 36,7%), seguido por el área norponiente donde ésta aumenta en un 6,8% (zona que muestra los mayores niveles de victimización, con un 42,4% en diciembre de 2011). Luego está el área sur-oriente con un aumento de 6% (llegando a niveles de 40,5%) y por último, el área sur-poniente con un variación de 4,4% respecto a 2010, con niveles de 39,8%.
Respecto a la re-victimización de hogares, los resultados muestran una variación importante. Si tomamos en cuenta los hogares que fueron víctimas 2 o más veces, la cifra es de 27,4%, mientras que en 2010 fue de 19,7%. Además, la concentración es altísima, siendo este 27,4% víctima del 89,5% de los delitos.
Por último, respecto a las instituciones, destaca la evaluación de Carabineros, Policía de Investigaciones y alcaldes que se mantiene estable, sin cambios significativos respecto a 2010. Sin embargo, el Gobierno, el Ministerio Público, los jueces y parlamentarios obtienen disminuciones significativas en sus evaluaciones, con calificaciones de 3,8; 3,4; 3,0; y 2,9 respectivamente (el rango va desde 1 a 7).
Los resultados que entrega esta encuesta en términos de victimización, re-victimización, denuncias, temor y percepciones vuelven a poner sobre la mesa el combate a la delincuencia como asunto prioritario en la agenda del país. No cabe duda que estos resultados son negativos y que se necesitan de mayores esfuerzos, con distinciones claras entre aquellos programas y planes que funcionan y aquello que no. En este plano es importante destacar la labor que está haciendo el Gobierno en términos de implementar nuevos programas de prevención, muchos basados en la mejor evidencia internacional y que, por ende, han demostrado su éxito en la materia, evitando gastos de recursos y tiempo en crear nuevas políticas sin evaluación, como puede haber ocurrido en el pasado. En este sentido destacan programas como el STAD, que permite además un mayor enfoque local, o la Terapia Multisistémica, que trabaja con el entorno completo del niño infractor, implementados recientemente por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Con todo, y ahora desde la perspectiva de la persecución penal, falta una revisión crítica a la excesiva centralización de nuestras estrategias antidelincuencia, lo que nos debe llevar a avanzar hacia una mayor descentralización al nivel local en el combate a la delincuencia, donde las políticas sean locales, ajustadas y enfocadas a la realidad de cada uno de estos barrios que concentran la mayor cantidad de delitos.