El gobierno acaba de anunciar su “Pacto Fiscal” que viene a sustituir la propuesta de reforma tributaria rechazada en marzo de este año en la Cámara de Diputados.
La información conocida hasta ahora corresponde más bien a los lineamientos que tendrá este Pacto, el cual considera varios ejes, entre los que se encuentran:
- Priorizaciones del gasto, asociado al uso de los recursos fiscales generados (pensiones, salud, cuidados y seguridad ciudadana).
- Reforma al estado, asociado a la calidad y eficiencia del gasto y servicios entregados por el estado, transparencia y responsabilidad fiscal;
- impulso al crecimiento, a través de la inversión privada y pública, productividad y reducción de la informalidad;
- Financiamiento tributario, a través de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias (1,5% del PIB) y de la reforma a la tributación a la renta (beneficios tributarios, tributación altos ingresos personales, nuevo régimen Mipyme);
- Seguimiento, monitoreo y evaluación de lo acordado en el Pacto, a través de una Comisión de implementación y seguimiento y una evaluación al cabo de 3 y 5 años.
Aun cuando la información conocida no permite realizar una evaluación acabada de la propuesta, surgen algunas interrogantes respecto de ciertos aspectos asociados tanto a los ajustes tributarios como a las prioridades que se buscan financiar:
I. Se mantiene el monto global a recaudar respecto de la iniciativa rechazada (2,7% del PIB), pero cambian sus componentes. Para tener una idea del incremento total de la recaudación tributaria que lograría el actual gobierno de aprobarse este Pacto es necesario considerar también la mayor recaudación por el royalty minero aprobado (0,5% del PIB) y los impuestos correctivos a presentarse en 2024 (0,3% del PIB). Por tanto, la recaudación total aumentaría en 3,5% del PIB aprox., más elevada que la aprobada en 2014.
II. Se mantiene como principal fuente de financiamiento el cumplimiento tributario (1,5% del PIB). Este componente, que incluye elementos contra la evasión y elusión, llama la atención ya que, para ser ingresado antes de marzo del 2024 su contenido debe ser distinto a las ideas matrices del proyecto rechazado para cumplir con la institucionalidad existente. También llama la atención la magnitud que se busca recaudar por esta vía ya que, para lograr alcanzar este monto, el proyecto rechazado establecía atribuciones excesivas al SII.
III. Se menciona que se avanzará en reducir las exenciones y beneficios injustificados para generar más recursos. No hay mayor información al respecto para tomar una posición al respecto. Sin embargo, las ideas matrices no podrían ser las mismas que las rechazadas, lo que levanta dudas respecto de lo que se propondrá en esta oportunidad y qué tan adecuados sean los ajustes propuestos.
IV. No considera el impuesto al patrimonio ni a las utilidades retenidas, los cuales son reemplazados por recursos provenientes del crecimiento y de la eficiencia del gasto público. Sin embargo, los lineamientos anunciados en ambos aspectos (crecimiento y eficiencia) no parecen ser de la relevancia ni intensidad que se exige para avanzar decididamente en ambos temas.
V. El aumento del impuesto a la renta a las personas de mayores ingresos dependerá de lo que falte por recaudar luego de considerar todos los elementos anteriores, incluyendo crecimiento y eficiencia en el gasto. Aun cuando esta es una buena noticia, ya que por primera vez el gobierno se allana a considerar el crecimiento como fuente de financiamiento, tal como se mencionó en el punto anterior, hasta el momento no se han conocido propuestas decididas y realmente comprometidas al respecto.
VI. Establece como prioridades de gasto las pensiones, salud, cuidados y seguridad ciudadana. Independiente de la real necesidad de avanzar en la satisfacción de estas necesidades, los montos que se requerirían para cada prioridad son agregados, lo que no permite tener una estimación exacta del costo de cada medida y, por tanto, de la real necesidad de recaudación total. Adicionalmente, hay dudas respecto del monto a recaudar ya que algunas de las prioridades requieren mejoras en gestión y no más recursos, como es el caso de las listas de espera, o se incluyen gastos que se requerirían por una sola vez, por lo que no corresponde generar recursos permanentes para estos gastos que son transitorios, como sería el caso de la inversión en infraestructura o en tecnologías asociados tanto a salud como a seguridad.
