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a Reforma Tributaria del año 2014 llevó al impuesto corporativo -el que más daña la inversión y el crecimiento- a niveles excesivos, por lo que debe ser revisado. - Producto de los abultados compromisos de gasto, surge la pregunta sobre formas alternativas de recaudación que permitan compensar una baja en los impuestos corporativos.
- La alternativa de revisar los impuestos personales solo sería razonable si la posibilidad de racionalizar el gasto público -que sería una opción mucho más deseable- realmente no está disponible.
La estructura tributaria que financia mayormente el gasto público amerita un análisis reflexivo. El impuesto corporativo, que es el que más daña el crecimiento y la inversión, alcanzó niveles excesivos -incluso por sobre la OCDE- tras la reforma de 2014, lo que debiera ser corregido.
Incluso antes de la Reforma Tributaria, el tamaño del Estado ha venido aumentando de manera considerable. En efecto, mientras entre 1990 y 1999 el gasto público (incluyendo gobierno central y municipalidades) alcanzó en promedio el 21,5% del PIB, entre 2010 y 2015 se situó en un 23,7%, superó el 25% del PIB el 2015 y se estima que también el 2016.
Históricamente, la mayor parte del financiamiento ha provenido de impuestos, seguidos por CODELCO. En cambio, en los años 2014, 2015 y 2016 parte importante del aumento en el gasto se ha financiado con déficit. Incluso, diversos analistas estiman que esta tendencia no solo continúa, sino que se ha agudizado, alcanzando 3 puntos del producto.
Sin embargo, siendo realistas sobre los abultados compromisos de gasto, surge la pregunta sobre qué otras formas de recaudación podrían utilizarse para rebajar el impuesto corporativo y normalizar las finanzas. Lo anterior, siempre y cuando la alternativa de racionalizar el gasto público, que sería una opción mucho más deseable, realmente no esté disponible.
Con esto en mente, una de estas opciones sería el impuesto personal, el cual es sustantivamente menor que el promedio de la OCDE, tanto en términos de las tasas que el ciudadano medio debe soportar, como de la recaudación.
En el caso chileno, resulta bastante claro que el tramo exento es muy amplio. De hecho, de acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos en el año tributario 2015 (comercial 2014), el 76,6% de los contribuyentes quedaron exentos del impuesto. Esto, pues las rentas imponibles de estas personas fueron inferiores a los $ 7,5 millones anuales ($ 625.000 mensual aprox.) en dinero de 2017. Que tres cuartas partes de los contribuyentes queden exentos implica que se comienza a pagar impuestos personales a partir de una renta (imponible) mayor que la mediana, lo que en general no es el caso de las restantes economías de la OCDE, con la excepción de México y Holanda. En efecto, mientras en Chile el pago comienza en el equivalente a 183,5% del ingreso mediano, en la mayor parte de los países se comienza a pagar incluso antes de haber alcanzado el 50% de la distribución del ingreso. Más aún, en 7 de los países OCDE el pago comienza de inmediato (no hay tramo exento).
Hay dos elementos positivos a considerar si se decidiera reducir el tramo exento: 1) Permite aumentar la tasa media (y la recaudación) manteniendo menores tasas marginales, lo que acota las mencionadas distorsiones sobre las decisiones de contratar, trabajar y educarse, y 2) Incorporar a cientos de miles de contribuyentes, aunque sea con un pago mínimo, eventualmente ayudaría a crear conciencia que todos pagamos impuestos para financiar el gasto público.
La estructura de tasas marginales en Chile alcanza niveles elevados, incluso en el contexto OCDE; sin embargo, cuenta con múltiples tramos y recién alcanza la tasa máxima en el equivalente a 11 veces el ingreso mediano.
Sin embargo, pese al atractivo de avanzar hacia algo más similar a un “flat tax” carente de tramo exento (complementada con una deducción) que eventualmente pudiera ser neutral en recaudación, compensando la necesaria reducción de la tasa corporativa, hay una serie de elementos adicionales a considerar. En particular, la existencia en Chile de tasas medias de impuesto a la renta inferiores a las de la OCDE se explica, en parte importante, por la evidente menor capacidad económica de nuestra clase media. Si bien en Chile el trabajador mediano paga significativamente menos impuesto que en otros países OCDE, este trabajador medio también se sitúa bastante más cerca de la línea de pobreza (US$ 8.800 PPP vs US$ 30.700 del tercio superior). Así, el tramo a partir del que se paga impuesto en términos de la línea de la pobreza (de US$ 3,1 del Banco Mundial) se relativiza un tanto y ya no pareciera tan desalineado.
Por otra parte, los impuestos de seguridad social son también considerablemente más bajos en Chile (la OCDE reconoce sólo el 7% pagado por FONASA como impuesto de seguridad social pagado por un trabajador de ingresos medios), ya que las cotizaciones a cuenta de la propiedad individual no son catalogadas como impuesto. Sin embargo, al menos parcialmente, desde un punto de vista de las distorsiones económicas, sí son bastante similares a un impuesto, lo que llevaría a una tasa media efectiva bastante más alta, pues este pago carece de tramo exento y su tasa (entre salud, pensión, seguros y cesantía) superaría el 25%.
Así, la alternativa de revisar los impuestos personales solo sería razonable si la posibilidad de racionalizar el gasto público -que sería una opción mucho más deseable- realmente no está disponible.
