En octubre de 2014 el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que, entre otras materias,  propone ampliar el rol de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), hacia actividades relacionadas con la generación eléctrica. Este cambio se ha querido justificar en la insuficiencia de proyectos y el rol de “viabilizador” de iniciativas de generación que pudiera tener la estatal. Sin embargo, sobran argumentos para oponerse. Aquí presentamos siete:

1. ENAP no tiene experiencia en generación eléctrica, pues solo ha participado de una central de cogeneración que opera su socio. Tampoco tiene ventajas competitivas, pese a lo cual, de acuerdo a declaraciones de la autoridad, apuntaría a "aportar 940 megavatios a la matriz energética a 2025”.
2. ENAP no debiera tener privilegios: no se advierte ventaja alguna de la participación de la estatal, salvo que estemos pensando en favorecer los proyectos donde ésta participa, lo cual suena poco competitivo. El Estado se debe preocupar de generar las condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos de iniciativa privada -para lo cual debe perfeccionar procedimientos, agilizar trámites y consolidar la institucionalidad- y no transformarse en un actor más del mercado.
3. Podría inhibir el desarrollo de proyectos 100% privados: puede desincentivarse el desarrollo de proyectos 100% privados, pues los inversionistas pueden percibir que competirán con desventaja frente a los gestados por la estatal. De ello seguiría que privados prefieran acoplarse a estos últimos antes que competirles, y terminaríamos con un sector generador planificado por el Estado a través de ENAP.
4. Podría alentar la creación de empresas de generación mayoritariamente públicas: el proyecto de ley inicialmente limitaba la participación de la estatal en proyecto de generación a un porcentaje inferior a 50% para tener una participación minoritaria, definición que en todo caso no evita que la estatal pueda tener el control de una compañía. Ahora el Ejecutivo ingresó una nueva indicación para que ENAP pueda alcanzar una participación de hasta 66% de la propiedad aumentando su injerencia en el mercado.
5. No aumentaría la competencia ni reduciría los precios: la razón de la supuesta falta de competencia que hay en este mercado es la dificultad que encuentran los proyectos para su realización, ya sea que provengan de actores existentes o nuevos entrantes. Luego, si el gobierno está preocupado por la competencia, lo que tiene que hacer es destrabar los obstáculos que hoy dificultan la concreción de proyectos.
6. Podría atentar contra la neutralidad tecnológica: En la medida que se favorece una tecnología sobre otra se puede terminar promoviendo un resultado más caro e ineficiente para el sistema, lo que redunda en mayores costos de la energía. Lo anterior es particularmente pertinente considerando que se quiere impulsar a ENAP a ser un actor clave en la licitación del 2016 con proyectos a gas, donde al parecer existe mayor reticencia de los actores a participar en bloques horarios.
7. ENAP no cuenta con un adecuado gobierno corporativo: el proyecto de ley ingresado para tales efectos en marzo del 2014 por la administración anterior, fue retirado por el gobierno actual.