El Ministerio de Salud dio a conocer las listas de espera correspondientes al tercer trimestre, mostrando que, comparado con igual periodo del año anterior, el número de personas que esperan por una atención de salud creció un 13%, superando los 2,6 millones, el número más alto desde que existen registros.
Ese número se desglosa en poco más de 84 mil personas con atenciones GES retrasadas (pese a que hay una garantía legal de atención oportuna), 2,1 millones esperando por ser atendidos por un médico especialista y casi 335 personas esperando por una intervención quirúrgica (ver Gráfico N°1).

En cuanto a los tiempos de espera, la tendencia descendente postpandemia lamentablemente no se ha mantenido. De hecho, en los casos si se compara con los datos del fin de 2023, los retrasos GES y las consultas de especialidad han aumentado. Solo las intervenciones quirúrgicas han disminuido, pero todavía con tiempos promedios de espera superiores a los 14 meses (Gráfico N°2).

Resolver esta situación requiere de medidas de corto y largo plazo. Entre las primeras, un grupo de expertos presentó una serie propuestas que podrían ayudar a disminuir el número de personas que esperan por atención priorizando el buen uso de datos y gestionar con eficiencia a quienes requieren atención más urgentemente; foco en los pacientes, por ejemplo, a través de facilitar la atención del segundo prestador de en el caso de las garantías GES retrasadas; y esfuerzos para mejorar la productividad de la salud estatal (más detalle aquí).
Entre las medidas de más largo plazo, se requiere medidas de fondo que apunten a que Fonasa realmente juegue un rol como asegurador y defienda la oportunidad de atención de sus afiliados. Para ello el asegurador estatal requiere más atribuciones, pero también una mejor institucionalidad y una mayor rendición de cuentas: hoy el 16% de sus afiliados no está teniendo una atención adecuada, porcentaje que se ha incrementado durante todo este año ¿quién vela por la atención oportuna de esos ciudadanos?