Esta semana el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública fue despachado por la comisión mixta y tendrá que ser votado en ambas salas del Congreso cumpliendo su último trámite.
Lamentablemente, el proyecto, en su estado actual, cuenta con serias deficiencias que no se alinean con el propósito original de crear una nueva institucionalidad que conduzca de manera eficiente el combate contra la delincuencia y el crimen organizado en el país. En esta línea, sus principales flancos son:
• Se amplía la supervisión de la gestión policial por parte de las autoridades civiles a los ámbitos estratégicos y operativos, deteriorando la autonomía de las policías.
• Se establecen una serie de atribuciones en términos vagos, como “velar por la coherencia de planes y programas relacionados a prevención del delito que los demás ministerios y servicios públicos desarrollen” o “Promover la seguridad y la prevención de los delitos en eventos que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados”.
• Se crea un Sistema de Seguridad Pública como instancia de coordinación y de traspaso de información que no altera sustancialmente la rigidez administrativa que existe en el Estado para acciones conjuntas.
• Se crean dos subsecretarías (seguridad pública y prevención del delito) perdiéndose la oportunidad de optimizar la función pública en tanto la Subsecretaría de Prevención del Delito, luego de una década, no ha mostrado tener un impacto relevante.
• Se establece la figura del SEREMI de Seguridad, la cual termina por debilitar a los delegados presidenciales regionales al quitarles la exclusividad en el control del orden público y la seguridad pública.
• Se genera una plataforma de acceso nacional a los sistemas de televigilancia que no considera los resguardos suficientes para evitar potenciales usos indebidos.
Por otro lado, el proyecto de ley en cuestión incorpora varias modificaciones a la estructura del Ministerio del Interior, siendo la principal la entrega de facultades que son exclusivas del Presidente de la República al Ministro del Interior. Esto último, en la práctica, crea la figura de un “Jefe de Gabinete” que podría actuar como supervigilante de los demás ministros, pudiendo requerirles informes y formularles propuestas de mejora a su acción.
En virtud de todos estos antecedentes, existen argumentos suficientes para pensar que el proyecto no resultará ser una herramienta eficaz para mejorar la situación de inseguridad que vive el país. Por el contrario, este introducirá una serie de facultades innecesarias que no alterarán las deficiencias del Estado en esta materia y, por ende, su tramitación comprende una oportunidad perdida.
