En el marco de un nuevo aniversario del 18 de octubre, entrevistamos al escritor y analista político, Sergio Muñoz Riveros, quien es crítico de los eventos que hace cinco años desencadenaron el estallido de violencia en Chile y ofrece una visión contundente sobre sus causas y consecuencias.

Para el analista, la agresión a Chile fue orquestada desde fuera, apuntando directamente a la influencia del régimen de Nicolás Maduro. La respuesta política, afirma, fue motivada por el temor de los parlamentarios a perder poder. Además, no duda en señalar la responsabilidad de los partidos del bloque que hoy gobierna Chile. Las lecciones de esta época son duras, dice: “el país pagó un alto precio por no haber frenado a tiempo a quienes buscaban refundarlo”.

¿Qué no deberíamos olvidar del estallido de violencia del 18 de octubre de 2019?

En primer lugar, que aquella violencia no fue “social” ni fue espontánea. El país no estaba en crisis, sino que fue empujado a la crisis, y de un modo que buscó causarle el mayor daño posible. Es un cuento que en 2019 estalló el malestar ante la desigualdad. Chile había reducido sustancialmente la pobreza en las décadas anteriores y también la desigualdad medida por el índice de Gini. Hubo un despliegue de políticas públicas que favorecieron, al mismo tiempo, el crecimiento económico y la integración social. No por casualidad Chile se puso a la cabeza de América Latina. ¿Quiénes cuestionaban el camino recorrido? Los mismos representantes del populismo que, cuando se presentó la oportunidad, cabalgaron sobre la violencia.

Las llamadas “demandas sociales” fueron adosadas por políticos astutos después de los saqueos, la destrucción y el ataque al Metro, y probablemente para tapar todo aquello. Fue el ropaje noble para las vilezas. Luego, se hizo evidente el propósito político: “no son 30 pesos, son 30 años”. O sea, era el cuestionamiento de la transición democrática y la vía de progreso recorrida por Chile.

Ahora bien, si la violencia no fue espontánea, tenemos que preguntarnos de dónde vino entonces, y quiénes fueron los inspiradores. Es una vergüenza que el Congreso, tan dispuesto a constituir comisiones investigadoras no se haya atrevido a llevar adelante la única que podría ayudarle a recuperar cierta solvencia ética, que es la investigación sobre el 18-O. Ha faltado completamente a sus deberes en este ámbito. Y ello tiene una explicación bochornosa: una investigación a fondo desnudaría la complicidad de numerosos parlamentarios con la más grave agresión contra nuestra convivencia desde que recuperamos la democracia. En algún momento, sabremos toda la verdad.

Las consignas que acompañaron el estallido describían una polarización entre el pueblo y la elite, entre opresores y oprimidos. ¿Tenía eso asidero en la realidad?

Si fuera cierto que había un cuadro de extrema polarización de clases, lo lógico es preguntar por qué no estalló antes esa situación explosiva, por qué Michelle Bachelet, que había dejado la presidencia en marzo de 2018, no sufrió nada parecido al 18-O. 

Es una falacia decir que hubo un alzamiento del pueblo. Los hombres y mujeres que trabajan siguieron yendo a trabajar, pese a los problemas de transporte y los disturbios callejeros. El pueblo propiamente tal fue una víctima de la violencia y el pillaje. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas de los desmanes? En primer término, los elementos del lumpen, las tribus anarquistas, los restos del rodriguismo y el lautarismo, las barras bravas, todos los cuales recibieron incentivos. Participaron también muchos jóvenes que no estudian ni trabajan, y que probablemente también recibieron incentivos para mantenerse dos meses en las calles. Y se sumaron muchos estudiantes embriagados por el clima de ruptura que creyeron que estaban inaugurando el camino hacia la sociedad feliz.

La CUT llamó a un paro oportunista el 12 de noviembre, pero los trabajadores de los grandes centros productivos no respondieron a ese llamado. Insisto: las personas que se levantan temprano y se ganan la vida con esfuerzo, los padres que trabajan duro para sostener a sus familias, siguieron cumpliendo con sus obligaciones. Eran otros los que tenían todo el tiempo del mundo para destruir, robar y quemar. 

¿Qué objetivo político cree usted que tenían quienes apoyaron la revuelta?

A estas alturas, no es un misterio. El objetivo fue llevar al país al caos y derrocar al gobierno constitucional. Funcionó una especie de tenaza contra el régimen democrático: en la calle, piedras y bombas incendiarias; en el Congreso, acusaciones constitucionales. Algunos de los más disolutos andan hoy con cara de inocentes. Incluso uno, el ex senador Navarro, es candidato a gobernador en la región del Bío-Bío.

Usted sostuvo tempranamente que en octubre de 2019 hubo intervención extranjera. ¿Lo sigue creyendo?

Absolutamente. No sólo intervención, lo que podría entenderse como apoyo externo a una protesta nacional. En realidad, se trató de una agresión gestada en el exterior y que contó con el apoyo de quienes, con propiedad, pueden calificarse como quintacolumnistas. La envergadura del ataque, el grado de coordinación para golpear múltiples objetivos en varias ciudades, el evidente propósito de causar el mayor daño posible y descomponer la vida del país, estaban fuera de las capacidades de cualquier organismo nacional. Ningún partido político tenía tanta fuerza ni tanto dinero como para hacer todo lo que vimos. Para sostener sus propios intereses, las bandas del crimen organizado sólo podían haberse puesto al servicio de una fuerza mayor. Sólo otro Estado podía encarnar esa fuerza mayor y tenía que ser un Estado que manejara inmensos recursos y estuviera gobernado por forajidos. El golpe principal vino desde Venezuela.

En 2019 mi deducción se apoyó sobre todo en la observación de los pasos que daba el PC. En 2020, cuando participé en la presentación del libro “El otro golpe”, de Luis Larraín, en un acto en Libertad y Desarrollo, avancé en esa línea de razonamiento. Hoy, estoy completamente convencido de que Chile fue agredido a mansalva por la dictadura de Nicolás Maduro.

Pero, ¿cuál pudo ser la razón para eso? 

El propio Maduro la dio a entender el 15 de abril de 2024 en la TV venezolana: “¿quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, ex Presidente Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela el 23 de febrero de 2019 y tenían como vanguardia a mil delincuentes que contrataron en todo el centro-occidente de Venezuela”.

¿Qué pasó realmente? El Presidente Piñera viajó en esa fecha a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para reunirse con Iván Duque, entonces Presidente de Colombia, y con Juan Guaidó, ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido entonces como mandatario por decenas de naciones. Juntos presionaron para conseguir que se abriera la frontera de Venezuela con el fin de entregar los alimentos y medicamentos reunidos por varios países en un momento de agudas carencias de los venezolanos. La frontera, finalmente, no fue abierta.

Hablar de un intento de invasión es estrambótico. ¿Por qué Maduro no denunció en aquel momento esa supuesta invasión ante la OEA o la ONU? ¿Y por qué no rompió inmediatamente relaciones diplomáticas con Chile? Es un invento completo. Y la pauta la había dado Diosdado Cabello, en febrero de 2024, quien dijo en la TV venezolana: “cuando el presidente de Chile para la época, Piñera, vino a la frontera para invadir Venezuela, estaba autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile”. Allí está la confesión con todas sus letras: “cualquier cosa de nosotros en Chile”.

No hay duda, de que la dictadura de Maduro puso en movimiento en octubre de 2019 a los muchos delincuentes que envió a Chile. Y contó con eficaces colaboradores nacionales.

¿El reemplazo de la Constitución era una verdadera demanda de la mayoría de la sociedad?

No lo era. Incluso, visto todo desde hoy, suena increíble que la consigna de reemplazar la Constitución haya ganado terreno en el preciso momento en que los maleantes asaltaban comisarias y quemaban iglesias. Es evidente que los opositores aprovecharon la confusión del Gobierno para promover una fórmula que, supuestamente, iba a frenar la violencia y restablecer el orden. El entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, fue el gran promotor del espejismo. De allí surgió, el acuerdo del 15 de noviembre, mediante el cual, bajo la amenaza de nuevos desmanes, se pusieron en discusión las bases del Estado de Derecho. Fue la fuga hacia adelante. Y el PC no firmó ese acuerdo: necesitaba tener las manos libres.

Si la aventura constituyente prosperó en el Congreso, fue porque casi todos los parlamentarios estaban aterrados. Temían perder su poder, y quizás algo más. Aprobaron crear una especie de segundo Parlamento con apariencia de Asamblea Constituyente, escaños de raza y amplio espacio para el furor identitario. En los hechos, se lavaron las manos respecto de lo que resultara. Y ya vimos lo que resultó: la Convención refundacional. El 4 de septiembre de 2022, cuando fue rechazado el proyecto de Constitución avalado por Boric, el país se salvó al borde del abismo.

Luego vino un segundo proceso, perfectamente innecesario, y en cuya gestación gravitó el apresuramiento de los partidos de Chile Vamos, preocupados de probar que no se oponían a los cambios. Fue un error mayúsculo creer que lo primordial era auxiliar a Boric después de la derrota, en circunstancias de que habría sido útil que él reflexionara sobre el futuro de Chile. El segundo fracaso constituyente demostró que la mayoría de los ciudadanos estaban hartos de que el país funcionara como laboratorio. Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, el país anduvo buscando un remedio para una enfermedad que no existía.

¿Ve un peligro en que el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), que avalaron la violencia, estén hoy gobernando?

Los partidos del bloque gobernante se las han arreglado para disimular que le echaron leña al fuego en 2019. El caso más gravoso ha sido, sin duda, el del PC y el FA que, cuando estaban en la oposición, pusieron toda clase de obstáculos a la acción del Estado para restablecer la seguridad pública y combatir el terrorismo y el bandolerismo en la macrozona sur. En el Gobierno han mostrado una actitud ambivalente. Fue reveladora la posición del PC cuando fueron allanados el local de la radio y un comedor comunitario en Villa Francia, el 6 de julio de este año, el que permitió incautar numerosas armas y detener a varios sospechosos. Esa vez, los dirigentes comunistas cuestionaron la legalidad del procedimiento promovido por la fiscalía y autorizado por el tribunal de garantía, y llegaron a hablar de “montaje”, en alusión a los métodos de la dictadura. Hasta sembraron dudas sobre la conducta de la ministra del Interior. No imaginan esos dirigentes cuánto han contribuido a incrementar los recelos de la mayoría del país hacia su partido.

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