Este miércoles, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo sobre convivencia escolar (Boletín N° 16901-04) fue aprobado en general y particular por la Cámara de Diputados, siendo despachado al Senado para que continúe con su tramitación legislativa.
Existiendo un importante deterioro en la convivencia escolar, que se vio exacerbado por el estallido de 2019 y por la pandemia de Covid-19, es cuestionable la idoneidad de la iniciativa para alcanzar el deseable objetivo de mejorar las situaciones de violencia y maltrato al interior de los establecimientos educativos.
En primer lugar, el enfoque dado por el Ejecutivo a la problemática, lejos de reconocer la falta de autoridad docente y directiva y apuntar a fortalecerla, está centrado en un diagnóstico de insuficiencia de democratización de las decisiones escolares, de modo que fortalecer las instancias de participación es uno de sus elementos centrales. En su versión original se pretendía dotar a los Consejos Escolares de un rol resolutivo en la aprobación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa y el reglamento interno de los establecimientos, lo cual, por darle un poder negociador inadecuado frente al establecimiento, fue matizado en la discusión efectuada en la Comisión de Educación, encargada de estudiar el proyecto. Sin embargo, se mantuvo la obligatoriedad para todos los establecimientos de formar un Consejo Escolar, además de exigirse su participación en la elaboración de estos instrumentos, pudiendo formularle observaciones que no contravengan a la normativa educacional o el proyecto educativo institucional del establecimiento, aunque sin explicitar la consecuencia de las mismas respecto a la posibilidad de sancionar los instrumentos de haberse presentado.
En segundo lugar, el proyecto incorpora importantes obligaciones para los establecimientos educacionales relativas a materias de convivencia sin aparejar nuevos recursos para poder cumplirlas. Pese a las solicitudes de los parlamentarios de oposición, el Ejecutivo no se abrió a considerar mayor apoyo a los establecimientos que la posibilidad de utilizar los recursos destinados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para financiar la obligación de contar con un coordinador de convivencia a jornada completa, recursos que originalmente fueron pensados para mejorar la calidad de la educación de alumnos que por su situación socioeconómica ven dificultado el proceso educativo. Para financiar el equipo de convivencia con el que deberán contar los colegios y para cumplir el Plan de Convivencia Educativa, no se consideran recursos adicionales.
Tampoco se consideraban recursos extra para cumplir la obligación de habilitar dentro del establecimiento educacional espacios confortables destinados particularmente para el autocuidado individual y/o grupal de estudiantes y trabajadores de la educación, cuestión que era especialmente gravosa para los establecimientos que no cuentan con espacio disponible para ello ni recursos suficientes para construirlo, lo que finalmente fue rechazado en la Sala de la Cámara. También fueron eliminados del proyecto de ley en esta instancia los múltiples elementos que se pretendían fijar a nivel legal como contenido mínimo de los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, entre los que se encontraba el reconocimiento de la diversidad de identidades por pertenencia a pueblos originarios, e identidad sexoafectiva y de género, temas respecto de los cuales no existe una única postura que pueda ser impuesta desde el Estado.
El proyecto de ley, aunque ha mejorado tras su presentación, aún requiere de importantes cambios para que pueda favorecer efectivamente una mejora en la situación de convivencia de los establecimientos, siendo ahora tarea de los senadores avanzar en dicha dirección.
