Tras nueve meses de tramitación, el proyecto que crea un marco de autorizaciones sectoriales, se aprobó este martes 1 de octubre con amplia mayoría en la Sala de la Cámara de Diputados, pasando al Senado para su segundo trámite constitucional (Boletín 16.566-03).

Algunas claves para analizar el proyecto son:

• Se busca resolver los problemas regulatorios estableciendo un marco normativo que pretende uniformar los lineamientos y principios fundamentales para la aplicación, tramitación y regulación de permisos sectoriales necesarios para desarrollar proyectos o actividades.

• La lógica de la Ley Marco es agrupar las autorizaciones sectoriales en 6 tipologías, según el tipo de permiso que otorgan para el desarrollo de la actividad o proyecto, y de esa forma aplicar las normas procedimentales, como el plazo máximo y supletorio de tramitación, el efecto del silencio administrativo y aplicación de declaraciones juradas (ver tabla N°1). Sobre todos los asuntos, primero ha de estarse a lo que se establezca en la norma específica de cada sector y en caso de omisiones, aplicará supletoriamente la Ley Marco

• Se crea una nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, dependiente de la Subsecretaría de Economía, cuyo jefe será designado mediante el sistema de Alta Dirección Pública. Su función principal es promover la eficiencia en la tramitación de proyectos, asegurar el cumplimiento de la normativa y coordinar entre los órganos sectoriales y los titulares de proyectos.

Su creación implica un gasto fiscal de 900 millones anuales. En el proyecto original se proponía la creación de un nuevo servicio público independiente con un costo de 1.500 millones anuales, lo cual no se justificaba, ya que sus funciones y atribuciones ya eran formalmente ejercidas por el Ministerio de Economía. Además, no se presentó una razón convincente que justificara el ejercicio de estas funciones a través de un nuevo servicio en lugar del ministerio, opinión que también fue respaldada por la Comisión de Economía de la Cámara.

• Aunque la intención del proyecto es positiva y representa un avance importante en cuanto a la estandarización de procedimientos, nomenclaturas y criterios para la obtención de autorizaciones, existen algunos aspectos que generan inquietud:
  • La efectividad real de la Ley Marco, dado que las normativas sectoriales suelen establecer procedimientos específicos para cada tipo de permiso.
  • Se excluyen de la aplicación de esta nueva ley, los permisos que se tramitan dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que son los que están asociados a los grandes proyectos de inversión. Tampoco hay cambios significativos a la administración del borde costero y el otorgamiento de concesiones marítimas; o el rol que tiene hoy el Consejo de Monumentos Nacionales, todos sumamente relevantes para el desarrollo de un proyecto de inversión.
  • El impacto podría manifestarse a muy largo plazo, ya que su implementación plena dependerá de varios procesos previos, como la dictación de reglamentos, cuyo alcance y cantidad no están claramente definidos. Es urgente mejorar la gestión interna de los servicios que otorgan permisos, evaluando todas las herramientas administrativas e infra legales disponibles que se puedan implementar de inmediato, sin esperar la entrada en vigencia y funcionamiento total de la ley.

• Para atraer inversión a nuestro país, es fundamental crear un entorno que promueva el desarrollo mediante la certeza jurídica, estabilidad fiscal y seguridad para la ejecución de actividades y proyectos. Este proyecto de ley contribuye a esa misión, aunque su efectividad se manifestará a largo plazo. Además, el Gobierno debe evitar impulsar reformas que impacten negativamente y que, a largo plazo, desincentiven el desarrollo económico, como el aumento de impuestos, restricciones al mercado de capitales, mayores rigideces laborales, cambios que generen arbitrariedad en el proceso de evaluación ambiental y la incertidumbre asociada a la judicialización, entre otros.

• Para enfrentar los extensos tiempos de tramitación, que en algunos casos superan en un 300% los plazos establecidos, es fundamental implementar mecanismos e incentivos que aseguren que los órganos sectoriales cumplan con dichos plazos. En ese sentido, se incluyó en el proyecto de ley (artículo 26) una norma que establece una multa sobre la remuneración del jefe del servicio que no cumpla con los plazos para pronunciarse sobre el otorgamiento de un permiso, previa investigación sumaria ante la Contraloría. Esta medida no busca el rechazo de los permisos, sino no por el contrario, impulsar esfuerzos para una tramitación expedita y asegurar el cumplimiento de los plazos legales.

En cuanto al contenido del proyecto de ley: Revisar minuta aquí