Este martes 10 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados despachó al Senado, para su segundo trámite constitucional, y con amplia mayoría, el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Ministerio de Hacienda (boletín 16.799-05).
Este nuevo órgano independiente y técnico tendrá como objetivo articular la evaluación de diseño, impacto y eficacia de las políticas y programas que el Estado ofrece a la ciudadanía, así como la promoción de buenas prácticas regulatorias, incluyendo las evaluaciones de impacto regulatorio, con el fin de contribuir a aumentar el bien común y la generación de ganancias en productividad.
La estructura de la Agencia es la adecuada: un Consejo con 5 miembros con destacada experiencia en formulación y/o evaluación de políticas públicas o gestión pública, encargado de definir los lineamientos generales para las evaluaciones y emitir recomendaciones de mejora, además de validar el accionar de la Agencia; y una Dirección Ejecutiva, que asegure la continuidad del trabajo técnico y facilite la formación de un equipo especializado de funcionarios, es el jefe de servicio.
- Tres claves a considerar en lo que se viene.
- Existe cierto consenso en torno a este nuevo órgano y significa un avance en la modernización el Estado, sin embargo, solo valdrá la pena si se convierte en el evaluador externo del Estado y de los gobiernos, exigiéndoles diseñar programas que realmente tengan el potencial de mejorar la vida de las personas y hagan un uso eficiente de los recursos públicos.
- Para que sus evaluaciones y recomendaciones cuenten con un apoyo transversal y sean validadas por todos los sectores políticos y académicos, el diseño de la Agencia es crucial, de manera que esté libre de cuestionamientos, no quepan dudas sobre su autonomía y objetividad a la hora de evaluar y se evite la influencia de los ciclos políticos. Sin autonomía e independencia pierde sentido crear un organismo nuevo.
- Si bien no existen fórmulas perfectas para los nombramientos, es necesario que el mecanismo de designación de los consejeros y director ejecutivo de la Agencia, no dependa en definitiva del Presidente de la República de turno, y en ese sentido, incorporar a otro poder del Estado podría ayudar a mantener el equilibrio requerido. Esto permitirá que el trabajo de la Agencia cuente con un respaldo transversal en lo político y técnico, que sea difícil de cuestionar sus evaluaciones y recomendaciones de políticas públicas.
- La importancia de evaluar y así mejorar el desempeño de las políticas y programas del Estado.
Se integrarían tareas de la Dirección de Presupuestos y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), mientras se mantiene el diseño y monitoreo de programas sociales y no sociales bajo la Subsecretaría de Evaluación Social y Dipres.
Obtener mejor evidencia sobre el funcionamiento de más de 700 programas estatales, (que suman US$39 millones, cerca del 10% del PIB) facilita la toma de decisiones más eficientes sobre el uso de los recursos públicos provenientes de los impuestos ciudadanos. Esta información será clave durante la discusión presupuestaria.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Central, muchas evaluaciones no resultan en la reformulación o cierre de programas ineficaces. En 2022, el 44% de los programas nuevos o reformulados fueron objetados técnicamente, mientras que las evaluaciones de programas en funcionamiento mostraron deficiencias en focalización (19%), eficacia (32%) y eficiencia (19%). Además, se evidenció una alta fragmentación y duplicidad de esfuerzos. Entre 2011 y 2023, solo el 5% de los programas evaluados tuvo un buen desempeño, mientras que el 61% fue insuficiente. Aunque la CNEP ha hecho recomendaciones, solo un tercio ha sido acogido, lo que subraya la necesidad de que las evaluaciones influyan en la toma de decisiones, como la elaboración del presupuesto.
- Un régimen aplicable a los trabajadores de la Agencia pro modernidad y capacidad técnica
Además de asegurar suficiente respaldo político, la Agencia debe garantizar una excelente calidad técnica y una mirada de largo plazo. El proyecto de ley establecía que los funcionarios de la Agencia estarían sujetos al Estatuto Administrativo, lo que no parece adecuado, ya que trasladar la rigidez de dicho estatuto dificultaría alcanzar la especialización y pluralidad necesaria. Esta disposición fue rechazada en la Sala de la Cámara y por tanto, se debe incorporar en el resto de los trámites legislativo, que la planta debe estará sujeta al Código del Trabajo, como lo hacen los funcionarios del Consejo para la Transparencia y siguiendo las últimas creaciones de entes públicos, como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Además, los funcionarios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (y que la Agencia es su continuadora legal) tampoco se rigen por el Estatuto Administrativo.
