El pasado 24 de julio se firmó un protocolo de acuerdo entre la Comisión de Hacienda del Senado y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el objeto de destrabar la actual negociación del proyecto de ley (PDL) de Cumplimiento Tributario en el Senado.

Este protocolo considera 4 puntos.

1. Se acordaron una serie de principios que deben ser respetados por el PDL, entre los que destacan: establecer un marco jurídico con reglas claras, simples y justas; combatir de la evasión e incentivar la formalización; resguardar las garantías de juridicidad, legalidad, debido proceso y objetividad en la reducción de la elusión.

2. Se acordó: i) fortalecer y modernizar el catálogo de delitos tributarios; ii) modernizar orgánicamente al SII, fortaleciendo su independencia del gobierno de turno, estableciendo plazos máximos de permanencia en los cargos de decisión, estableciendo una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el SII; iii) fortalecer el rol del Servicio Nacional de Aduanas y de la Tesorería General de la República; iv) fortalecer el funcionamiento de la DEDECON.

3.  Se acordaron aquellas materias en las que se requiere una revisión en mayor profundidad: asociar al denunciante anónimo exclusivamente a delitos tributarios y crimen organizado; agilizar el procedimiento judicial del secreto bancario en casos de delitos tributarios y crimen organizado; cambios a normas sustantivas, nuevos hechos gravados, cambios de base y modificaciones a leyes impositivas se discutirán por separado en una mesa técnica distinguiendo entre las propuestas del PDL que se eliminarán, que se trasladarán a otro proyecto, que se reformularán y que se resolverán en votación en la discusión en particular.

4. Se acuerda: actualizar la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará; precisar el destino de los recursos; generar un ahorro de recursos fiscales más exigentes que la estimada por la OCDE (0,2% del PIB); destinar la mayor recaudación proyectada en este PDL a las medidas sociales establecidas en el Pacto Fiscal, sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación; evaluar externamente esta iniciativa (recaudación, impacto económico y gastos) a los tres años de su implementación.

Según Macarena García, Economista Senior de LyD, es necesario avanzar en la reducción de la evasión tributaria dados los efectos adversos que tiene en la actividad económica, en la justicia del sistema tributario, en el compromiso de los contribuyentes con el cumplimiento tributario y en el financiamiento que requiere el estado para financiar su política social dentro del contexto de la discusión del Cumplimiento Tributario. Por ello, el protocolo es un claro avance en esta dirección.

Ahora bien, plantea la economista, un elemento que también incide en la evasión, el cual no está considerado en el protocolo, se refiere a la necesidad de simplificar el sistema tributario, de forma de reducir espacios de abusos producto de su elevada complejidad. Se echa de menos avances en este sentido. Esta es una excelente oportunidad para avanzar en esta dirección.

Adicionalmente, la experta valora que esta reducción de la evasión se establezca en un contexto de garantías de juridicidad, legalidad, debido proceso y objetividad en la reducción de la elusión. Uno de las principales preocupaciones que generaba el PDL era justamente el respeto irrestricto de estas garantías.

“Este protocolo corresponde a los límites en que se debiera circunscribir el proyecto de ley de cumplimiento tributario. Sin embargo, todavía falta mucho por avanzar, discutir, aprobar y/o rechazar en el Congreso, por lo que el resultado final no queda asegurado con este simple protocolo. El análisis del proyecto de ley propiamente tal tendrá que hacerse en su propio mérito”, explica García.

Finalmente, agrega la economista, un elemento que debe ser incorporado en el proceso que sigue, ausente en el protocolo, es que la autoridad fiscal se comprometa a destinar los recursos tributarios adicionales solo cuando estos hayan entrado efectivamente en las arcas fiscales, y no solo en base a una estimación de estos, ya que evidentemente toda estimación asociada a evasión es altamente incierta. Así como puede ser necesario avanzar en ciertas ayudas sociales a los más vulnerables, también lo es resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la cual ya se sabe se encontrará altamente comprometida y estrecha y por un largo período.