América Latina es una región clave en la producción y distribución global de cocaína y marihuana, con los puertos actuando como puntos críticos en la cadena de suministro del crimen organizado. Desde 2014 ha habido un incremento sostenido en la producción de estas drogas, lo que ha llevado a las organizaciones criminales a depender cada vez más de rutas comerciales legales para transportar su mercancía ilícita hacia otros mercados.
En el contexto anterior, los puertos chilenos, particularmente San Antonio, se han convertido en una ruta no tradicional clave para el tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Esto se debe en parte a la reputación de Chile como un país con baja percepción de riesgo en comparación con países productores de drogas como Colombia o Perú. Las organizaciones criminales se aprovechan de esta percepción y de las vulnerabilidades en los procesos de fiscalización e inspección de cargas. Por ejemplo, la capacidad de revisión física de la carga en los puertos chilenos es extremadamente limitada, con sólo un 3,81% del total de la carga siendo inspeccionada mediante medios físicos como camiones scanner.
A diferencia de otros países de la región que realizan inspecciones completas de la carga, como Ecuador, Chile utiliza un enfoque basado en el análisis de riesgo, lo que limita la efectividad de las inspecciones. La falta de infraestructura especializada y recursos, como scanner suficientes y personal de Aduanas capacitado para su operación, profundiza el problema, haciendo que los puertos chilenos sean un objetivo atractivo para ser utilizado por las organizaciones criminales.
Mejorar la infraestructura portuaria y la capacidad de inspección para enfrentar el tráfico de drogas se alza como una prioridad para combatir el crimen organizado. Para lo anterior se requiere robustecer la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer las medidas de inspección en los puertos. Chile debe tomar conciencia de las vulnerabilidades actuales y trabajar para proteger la integridad de las cargas que transitan por nuestros puertos. La imagen del país y su capacidad competitiva está en juego.
